La muerte y desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, y la ejecución de civiles por el Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, han puesto a prueba la credibilidad nacional e internacional de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos.
Sobra decir que las manifestaciones y protestas por los estudiantes masacrados en Iguala ocupan ya la atención mundial, y su efecto está siendo devastador para el gobierno federal, si se avanzó mucho en 22 meses de administración, las dos masacres han impactado negativamente la imagen del país, particularmente en las expectativas de inversión.
Cabe subrayar que a un mes de la tragedia de Iguala, resulta incomprensible para la nación y el mundo, que un gobierno que se propuso mover a México a través de reformas estructurales, ahora se encuentre paralizado frente a esta tragedia.
Conviene señalar que solo la presión social, así como las multitudinarias movilizaciones en todo el país de Normalistas, padres de desaparecidos de Ayotzinapa, universitarios, movimientos sociales defensores de derechos humanos, organismos internacionales, medios de comunicación prácticamente todos, demandaron la salida del gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero.
Al efecto la licencia de Aguirre Rivero para separarse del cargo autorizada por el Congreso de Guerrero, aunque tardía no resuelve el problema, pero si contribuye para bajar la presión a esa entidad federativa y al resto del país que acumulan graves tensiones sociales que están en riesgo de estallar.
Así pues, como titular del Ejecutivo estatal, Aguirre actuó o dejó de actuar en función de su responsabilidad como gobernador. Las investigaciones determinarán si procedió conforme a Derecho o incurrió en alguna ilegalidad.
En vista de ello, se mantiene como prioridad la exigencia principal de que sean localizados los desaparecidos. Pero también que sean detenidos los dos principales presuntos inculpados de este crimen: el alcalde José Luis Abarca y su esposa.
En concordancia que se aclare de quién son los cuerpos encontrados en más de una veintena de fosas clandestinas que fueron apareciendo con los días; que se castigue a quienes permitieron por acción u omisión que las policías municipales estuvieran al servicio de grupos criminales;
Así como también que se deslinden responsabilidades en los tres niveles de gobierno, porque no puede haber impunidad en un caso tan grave como este.
Por otro lado cada día que ha ido pasando sin que aparezcan los desaparecidos ha incrementado el costo político para los tres órdenes de gobierno, que lejos de ver desvanecida su responsabilidad, cada vez se encuentran más comprometidas, conforme van saliendo a cuentagotas los detalles de una criminal operación, que a su vez abrió la cloaca de la corrupción, criminalidad y violencia, con epicentro en Iguala, que ha sacudido a todo el país.
Por tanto es inconcebible que el padre Alejandro Solalinde tenga información de que los desaparecidos fueron muertos y quemados y el Estado mexicano, con los cuerpos de inteligencia de la, SEDENA, SM, PGR Y CISEN, no hayan localizado a los normalistas desaparecidos o ya saben dónde están, y si están muertos, no saben, no han querido dar a conocer cuál sea la verdad por cálculos políticos.
En definitiva el secuestro y desaparición de 43 normalistas del estado de Guerrero ha evidenciado que la primera reforma estructural que debió haberse promovido era la del Estado de Derecho, en sus componentes de aparatos de seguridad pública, procuración de justicia y sistema judicial. De manera especial para enfrentar dos fuentes estructurales de injusticia en el país: corrupción e impunidad.
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