Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, puso en duda las circunstancias en las que el alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, aseguró haber escapado de sus secuestradores y recorrido hasta 80 kilómetros a pie, al considerar difícil que pudiera cubrir esa distancia en una zona desconocida y en un periodo limitado.

El funcionario señaló que las versiones ofrecidas públicamente por el presidente municipal deberán corroborarse mediante diligencias de campo, entrevistas y otros elementos de investigación.

“Si hacemos una consideración personal sobre las primeras referencias que dio, pues sí se antoja un poco difícil que haya ocurrido en esas circunstancias, es decir, recorrer casi dos maratones completos en un determinado margen de tiempo en una zona desconocida”, declaró.

Sin embargo, aclaró que no puede descartarse esa posibilidad, debido a que una persona sometida a una situación extrema de estrés podría realizar esfuerzos extraordinarios para ponerse a salvo.

“Nada es imposible. Hay que recordar que alguien sujeto a un nivel de estrés tan fuerte como el que pudo haber vivido puede ser capaz de evadirse, de recorrer grandes distancias”, sostuvo.

Govea Orozco también confirmó que tuvo conocimiento de un video en el que el alcalde modificó su versión inicial y precisó que habría caminado aproximadamente 50 kilómetros, en lugar de los 80 mencionados anteriormente.
“Vi que hizo algunas precisiones, ahora refirió algo así como 50 kilómetros”, indicó.

Fiscalía busca establecer dónde estuvo secuestrado

El fiscal informó que la Fiscalía de San Luis Potosí solicitó formalmente la colaboración de Tamaulipas para realizar diligencias en Río Bravo, donde actualmente se encuentran el alcalde y sus familiares.

Explicó que los trabajos incluyen obtener entrevistas y eventuales denuncias de las personas afectadas, con el propósito de complementar la carpeta de investigación iniciada en San Luis Potosí.

“Se está trabajando en eso precisamente. A partir de ayer se recibió la petición de colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí”, señaló.

Precisó que uno de los objetivos es identificar el lugar exacto donde el alcalde y otra persona habrían permanecido privados de la libertad.

También se investigan otros hechos delictivos registrados en la región, entre ellos el robo con violencia de un vehículo de alta gama, aunque aclaró que no se ha establecido una relación directa con el secuestro.

Govea Orozco insistió en que las declaraciones del alcalde deberán contrastarse con los resultados de las investigaciones antes de determinar cómo ocurrieron los hechos.