Veracruz, Veracruz.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó tres órdenes de cateo en inmuebles de Playa Vicente, Xalapa y Coatepec, Veracruz, donde fueron aseguradas 36 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, cámaras de vigilancia y tres propiedades, informó la dependencia federal. Los operativos forman parte de una investigación por la probable comisión de delitos relacionados con la Ley Federal de Juegos y Sorteos y fueron realizados por agentes federales con mandamientos autorizados por un juez de Distrito.

El mayor decomiso ocurrió en un inmueble ubicado en la colonia Centro de Playa Vicente, donde agentes localizaron 24 máquinas tragamonedas, tres cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo, cuyo monto no fue precisado por la Fiscalía. La propiedad también quedó bajo aseguramiento ministerial.

En una segunda intervención, efectuada en la colonia Margarita Maza de Juárez de Xalapa, fueron localizadas ocho máquinas identificadas como minicasinos. Al igual que en el primer caso, las autoridades federales aseguraron el inmueble mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

El tercer cateo se desarrolló en un domicilio de la colonia Centro de Coatepec, donde fueron decomisadas otras cuatro máquinas tragamonedas y quedó asegurada la propiedad. Con este operativo, la cifra conjunta alcanzó 36 dispositivos retirados de los tres establecimientos investigados.

Las órdenes judiciales fueron ejecutadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, con participación de elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos del Centro Federal Pericial Forense.

Personal de la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales se encargó de proporcionar seguridad perimetral durante las intervenciones.

Hasta el momento, la FGR no informó sobre personas detenidas durante los tres cateos ni detalló el monto del dinero localizado en Playa Vicente.

Las máquinas, el efectivo, los sistemas de vigilancia y los inmuebles quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que mantiene abierta la carpeta de investigación para establecer la operación de los establecimientos y determinar si existen responsabilidades penales por presuntas violaciones a la legislación federal sobre juegos y sorteos.