Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Contraloría Gubernamental reportó hasta el momento 37 denuncias calificadas como faltas graves, de tal forma que se han presentado cinco denuncias a la Fiscalía General de la República (FGR) y 12 expedientes a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado, informó la contralora Norma Angélica Pedraza Melo.

En rueda de prensa, dio avances y resultados de los procesos administrativos que actualmente investiga; en materia de investigación, al 25 de febrero de 2025, hay 3,014 expedientes de presunta responsabilidad administrativa sancionatoria.

Detalló que de estos 1,019 son Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) que ya existían y 1,995 se abrieron a partir de la entrega-recepción y las inconsistencias detectadas por los titulares de dependencias y entidades, así como quejas y denuncias, y resultados de auditorías internas y externas.

Manifestó que de los 3,014 expedientes se han generado 280 informes de presunta responsabilidad administrativa sancionatoria, de los cuales 37 han sido calificados como graves y 243 como no graves.

"De los 37 calificados como faltas graves, se han presentado 5 denuncias a la Fiscalía General de la República y 12 expedientes a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado", reiteró.

Comentó que para faltas administrativas consideradas "no graves", la Contraloría Gubernamental es la encargada de la investigación, calificación y sanción.  Este proceso involucra a tres autoridades dentro de la Contraloría: la Autoridad Investigadora, la Autoridad Substanciadora y la Autoridad Resolutora.

"Las sanciones para faltas no graves pueden incluir amonestación privada o pública, suspensión, destitución o inhabilitación de tres meses a un año", agregó e indicó que en el caso de faltas consideradas "graves", la Contraloría participa solo en las fases de investigación y sustanciación. 

"Una vez calificada como grave, la Autoridad Substanciadora remite el caso al Tribunal de Justicia Administrativa, quien actúa como Autoridad Resolutora y aplica sanciones que pueden incluir amonestación, suspensión, destitución, sanciones económicas (si hay daño patrimonial) e inhabilitaciones de hasta varios años", manifestó.

La contralora gubernamental destacó que el proceso sigue el debido proceso legal y que el tiempo para obtener resultados depende de la complejidad de cada caso.

Detalló que la Contraloría recibe quejas y denuncias de ciudadanos, municipios, el Poder Legislativo, órganos autónomos e incluso instancias federales.

 "El 85% de estas quejas y denuncias son competencia de la Contraloría Gubernamental porque se refieren a dependencias y entidades del gobierno estatal", expuso.

Agregó que, de las 651 quejas acumuladas, se han derivado 104 PRAS y la Dirección de Investigación y Anticorrupción evalúa los elementos de modo, tiempo y lugar para admitir el PRAS e iniciar el procedimiento administrativo.

Precisó que, de los 159 CEPRAS (expedientes con sanciones), 26 se han cerrado sin sanción, 66 se mantienen activos y 67 han resultado en sanciones.

"Hasta el momento 83 personas han sido sancionadas por la Contraloría Gubernamental: 26 personas han sido amonestadas, 3 personas han sido suspendidas y 54 personas han sido inhabilitadas", indicó.

Detalló que las sanciones de amonestación, suspensión e inhabilitación son de tres meses a un año, ya que la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que la Contraloría Gubernamental sólo puede sancionar las faltas no graves con amonestación privada o pública, destitución, suspensión o inhabilitación hasta un máximo de un año.

Pedraza Melo puntualizó que el Tribunal de Justicia Administrativa es el competente para sancionar las faltas graves.

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