La Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas, contempla la concesión a particulares para operar y prestar el servicio público en los 43 municipios.

Hablo de cerca de 10,000 unidades entre taxis, autobuses, microbuses y minibuses, que diariamente trasportan a cientos de miles de pasajeros.

Aquí, en la entidad, el fenómeno empezó a crecer en la década de los 70’as. Y de ahí en adelante no hubo poder humano que le pusiera remedio.

Surgieron organizaciones de trabajadores del volante, se repartieron las rutas, abrieron otras más y terminaron obligando a las autoridades a reconocer su necesaria presencia.

A raíz de la más reciente confrontación que se dio en el ocaso de la anterior administración gubernamental, hubo la necesidad de establecer reglas claras para enmarcar la existencia y el desarrollo del transporte público.

Así fue promulgada una nueva ley en la materia por el Congreso local, con la cual, en apariencia, se lograría ordenar esta actividad y modernizarla en beneficio del usuario, pero ésta no fue acatada por los concesionarios ni la entonces autoridad gubernamental hizo nada para obligarlos.

Por cierto, la primera ley en la materia correspondió dictaminarla a la legislatura LVII, de la que fue parte Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

Más tarde, en la LVIII, se le hicieron algunas correcciones.

Al paso del tiempo los encargados del área pretendieron justificar la inoperancia de esa misma ley, dado que casi el 50% de las unidades no habían sido renovadas, aun cuando el mandato establece que serían decomisadas todas aquellas que no reunieran los requisitos fijados.

Sin embargo, todo siguió igual.

Y sólo ofrecieron esta disculpa: “Ahí será la próxima administración la que se encargue de llevar el proceso a plenitud”.

¡Cuánto cinismo!

Por eso no debe achacarse al actual Gobierno la problemática, pero sí darle un voto de confianza para que de una vez por todas ‘meta en cintura’ a los monopolios del transporte urbano.

La problemática actual es:

1) Que aun cuando se hace un esfuerzo por ordenar y delimitar las rutas existentes, todavía se da la invasión de las mismas y, en ocasiones, se presentan conatos de enfrentamientos entre los chóferes con los riesgos que ello conlleva para los usuarios.

2) Se dice que personas otrora ligadas al poder estatal propiciaron la aparición de unidades ilegales, denominadas ‘piratas’; que éstas operan en las principales ciudades de la entidad, y que funcionan con desparpajo ante la impotencia e inoperancia de los encargados de regular la actividad, que, por cierto, son amenazadas con el retiro de las unidades, lo que derivaría en la carencia del servicio.

3) Existe la presunción de que los vehículos “piratas” de alguna manera son solapados por autoridades del ramo, pero la interrelación tiene lugar en la clandestinidad y en base al soborno y la corrupción, por lo que resulta necesario que el Gobernador exija cuentas claras;

4) Es ‘normal’ oír comentarios de algunos supervisores encargados de verificar que los prestatarios del servicio cumplan la normatividad establecida, en el sentido de que sus esfuerzos son insuficientes por la carencia de personal; ellos se trasladan un par de días a las ciudades y normalmente no localizan a los dueños del llamado transporte ‘pirata’.

5) Es evidente que contrario a lo que establece la ley, es prohijado el monopolio; operan en el ramo verdaderos ‘pulpos’ que tiene bajo sueldo a prestanombres y empleados que se encargan de disimular el ilícito.; y

6) Se dice que tanto en el área conurbana Tampico-Madero-Altamira, como en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Victoria, hay ‘malosos’ que continúan acaparando las concesiones y los permisos.

Aunado a todo ello, nos encontramos con que los prestatarios del servicio no han cumplido con el ordenamiento legal para modernizar sus unidades, argumentando falta de liquidez y poco tiempo para cambiarlas.

Además, consideran que las unidades que utilizan todavía tienen mucho que dar…

¡Vaya, desfachatez!

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.