La discusión y el dictamen de la iniciativa reformatoria de la ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que en el pasado mes de diciembre (2024) aplazara la Cámara de Diputados, podría llevarse a cabo el uno de febrero próximo.

Esto en caso de que Ricardo Monreal Ávila decida atender su acuerdo con la secretaria de Gobernación (Rosa Isela Rodríguez Velázquez), luego del vergonzoso pleito que ventilara públicamente con Adán Augusto López Hernández.

Ambos sacaron ‘sus trapitos al sol’. Y todo porque el diputado se negó a darle entrada al proyecto, tal y como lo contemplara el senador.

La modificación reglamentaria, para Claudia Sheinbaum Pardo resulta sustancial pues se erradicaría de tajo la corrupción que ahí priva con redes donde están involucrados trabajadores institucionales, notarios, despachos contables, peritos valuadores e inclusive empresarios que, supuestamente, ahí cotizan.

Hasta el grado de que asoman a la fecha: (a) la triangulación de dinero entre empresas contratadas por el instituto; (b) no pago de penalizaciones, al contrario, ‘indemnizaciones’ para empresas incumplidoras, y (c) la venta de un mismo inmueble hasta en cientos de veces.

Así lo dio a conocer Claudia, en diciembre 18 del año anterior, durante la conferencia de prensa ‘mañanera’ (que acostumbra), cinco días después de que el Senado de la República --donde el tabasqueño es coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (morena)--, por votación mayoritaria, aprobara la reforma, apostando a que, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se le diera entrada y se aprobara en lo inmediato.

Monreal Ávila se negó, originando así la irritación de López Hernández quien, públicamente acusó que en el Senado de la República se detectó un contrato por ‘administración de archivos’, que beneficiara anualmente a una empresa con 60 millones de pesos --esto, durante la gestión de Monreal en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (JuCoPo)--, y  advirtió el inició de un procedimiento para rescindirlo; y que se presentarían las denuncias correspondientes por tratarse de una simulación de servicios parlamentarios.

El zacatecano respondió que todo son infundios y falsedades; y que la historia muestra que “en los eventos se repiten las diferencias orquestadas, cada vez que los movimientos sociales triunfan de manera contundente, en contra de uno de los suyos. Así comienza el deterioro estructural”.

Como fuere, tras esa diferencia pública entre ambos ‘defensores’ de la mentada cuarta transformación, asoma una fuerte diferencia que rebasaría, estrictamente, a la señora presidenta, pues ninguno de los dos son leales a ella por (1) haber ambos haber perdido la candidatura presidencial ante ella y (2) en la actualidad ostentar el control del Congreso de la Unión acatando todavía instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, aunque, según se ve, sería por poco tiempo.

De cualquier forma es necesario modificar la ley del Infonavit, tal como se plantea, aunque la iniciativa podría sufrir algunas modificaciones.

No sólo por la exhibida que Sheinbaum le dio al organismo al referir su podredumbre, sino por justicia a los trabajadores que día con día abonan y aportan, desde sus trincheras, al crecimiento del país.

Salario pulverizado

El incremento al salario mínimo --acordado por empresarios, trabajadores y autoridades gubernamentales--, que entró en vigor el uno de enero, ubica a la jornada laboral fronteriza en 419.88 pesos; y para el resto del país es de  

278.80 pesos diarios.

Sin embargo, los patrones que hasta el cierre de 2024 le pagaron más del salario mínimo a sus empleados, y todavía lo hacen, no están obligados legalmente a igualar el incremento fijado.

Pero sí lo hacen los tres órdenes de gobierno, según ha trascendido al ser ésta una disposición presidencial, aunque afecte las finanzas públicas.

De ningún modo estoy en contra del aumento salarial. Pero sí me hace ruido tanta ‘bondad’ cuando al cierre de 2024 el índice inflacionario alcanzó el 4.3 por ciento, disminuyendo gravemente el poder adquisitivo del peso.

Este año no es distinto, pues la cascada de incrementos (a los precios de productos básicos y servicios) asoma todavía más drástica.

Y esto llevaría, prácticamente, a una profunda crisis y desvalorización de nuestra moneda, según se aprecia en todos los sectores.

Sobre todo, cuando los usureros (comerciales y bancarios) empezaron desde el primer minuto del 2025 a elevar el precio de alimentos y servicios, como usted, seguramente, lo advierte al comparar que con 500 pesos no puede adquirir la misma mercancía que compró hace un mes. Y menos la que lograba hace seis años, previo a la tan mentada 4T que ha generado más incertidumbre económica, con el rollo de ‘primero los pobres’.

A lo largo de la administración presidencial anterior --que inició el día uno de diciembre de 2018 y hasta su conclusión en setiembre de 2024--, el salario mínimo fue incrementado seis veces: en el 2019, 16%; 2020, 20%; 2021, 15 por ciento; 2022, 22%; 2023, 20 por ciento; y 2024, 20%.

Pero también, en ese sexenio, aumentó el número de pobres --según estadísticas del Instituto Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más conocido como Coneval--, pese a los apoyos sociales del Gobierno federal.

La pérdida del poder adquisitivo (pese al incremento salarial), esta vez se prevé más drástica que hace cinco años.

Y seguramente, los ‘datos’ que tiene Claudia Sheinbaum Pardo, así lo contemplan.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.