Ciudad Victoria, Tamaulipas. – A fin de dar punto final a las acciones legales o administrativas que se tienen que seguir de acuerdo a la ley, debería instalarse una mesa de seguimiento para las cuentas públicas no aprobadas, expresó la consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas, Tania Contreras López.

Consideró importante que, a partir de este año, se debería emprender una mesa de diálogo y coordinación entre competencias individuales de cada una de las dependencias, precisamente para saber qué hace y cómo avanza la fiscalización de las cuentas públicas que no han sido aprobadas, derivado de un presunto indebido ejercicio de recursos públicos.

“La convocatoria vendría a partir de la Contraloría, que es quien instaura los procesos administrativos, hacia dependencias como la Fiscalía General de Justicia en el Estado, el Congreso local, el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras”, propuso Contreras López.

Precisó que, más allá de una coordinación, corresponde a las competencias individuales de cada una de las dependencias darle seguimiento a cuentas públicas de ejercicios fiscales anteriores que no han sido aprobados, para de esa forma dar punto final a las acciones legales o administrativas que se tienen que seguir de acuerdo a la ley.

“La Auditoría Superior hace la parte que le toca, determina a través de un dictamen cuál es su valoración contable, el Congreso determina si lo aprueba o no en función del dictamen y luego se devuelve para que inicien los procedimientos de responsabilidad que pueden ser ante la Contraloría del Estado o bien, el Tribunal de Justicia Administrativa e incluso, la Fiscalía General de Justicia”, detalló.

Refirió que, en el caso de la Consejería Jurídica, las denuncias que en su momento presentó ante dependencias como la Fiscalía General de Justicia, son a partir de los hallazgos encontrados en el proceso de entrega recepción, que, si bien forman parte de una cuenta pública, “pero que no se han comunicado en función de este modelo”, comentó.

Y es que reconoció, que hay una elevada cantidad de cuentas públicas de ejercicios fiscales anteriores que todavía no se resuelven por las instancias involucradas.

SJ