Según Claudia Sheinbaum Pardo habrá una nueva política migratoria en su gobierno, cuya finalidad sería el respeto pleno de los derechos humanos de toda persona que cruce por territorio nacional con rumbo a Estados Unidos, independientemente de su origen.

Sobre el particular, aquí mismo ya he comentado que la emigración de mexicanos, centro y sudamericanos --con rumbo a la Unión Americana-- es un fenómeno que se registra cotidianamente, a lo largo de la frontera norte, que compartimos con la potencia económica más importante del mundo.

Nuestros compatriotas como los migrantes de otros países exponen su vida propia y en ocasiones la de su familia, en su búsqueda de un empleo que les permita sobrevivir.

Durante años y pese a las leyes, vigilancia y hasta la represión recurrente de parte de las autoridades y los rancheros del vecino país, los ilegales han enfrentado todo tipo de vicisitudes al cruzar la frontera, aun sabiendo que del otro lado encontrarán el exacerbado racismo que se esconde tras el aparente paraíso de la libertad y/o tierra de oportunidades.

Pero puede más la necesidad que los temores a caer en las garras criminales y así se lanzan a la aventura; incluso estando conscientes de que no existen las condiciones ni garantías de que su humanidad pueda ser respetada durante el trayecto, como ha quedado demostrado a lo largo de la historia.

Los medios de comunicación regionales, estatales y nacionales, a diario, dan cuenta de la fatalidad que persigue a los indocumentados, que, cuando no sucumben en las aguas del Río Bravo o mueren deshidratados en el desierto de Arizona y Nuevo México, son ‘cazados’ por bandas de fascistas que han incubado un odio desmedido en contra de razas distintas a la suya, ‘orgullosamente blanca y superior’, según su infame percepción.

Inclusive, la patrulla fronteriza no se anda con miramientos cuando captura a los indocumentados, a quienes somete de manera avasalladora y represiva.

Organismos independientes de ambos lados de la frontera exhiben constancia de ello, al igual que lo han hecho los medios de comunicación que recogen testimonios de la forma cruel e inhumana en que actúan los uniformados en contra de nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos.

Riesgos domésticos

Los peligros que enfrentan los indocumentados que buscan hacer realidad el ‘american drem’ (“sueño americano’), también se presentan en territorio mexicano.

Acá, de este lado, poco antes de pisar la línea divisoria, el emigrante debe enfrentar tanto al peligro de su traslado a la frontera norte como es la inseguridad que se da a lo largo del trayecto y es el pan de cada día en las localidades asentadas en la ribera del río Bravo, desde Tijuana (Baja California) hasta Matamoros (Tamaulipas).

En los días previos al cruce regularmente se mantiene hacinado en algún punto fronterizo, a merced de las bandas de ‘polleros’ hasta el momento mismo de su internación.

Sobre la línea divisoria hay bandas de asaltantes y criminales, aparte de los traficantes de indocumentados, cuyo insano propósito es practicar el robo, el homicidio y las violaciones de aquellos inocentes que no se pongan a ‘tono’ con los jefes.

Los traficantes de indocumentados, por su parte, funcionan con total impunidad en la franja fronteriza, siempre protegidos por las autoridades policíacas y los funcionarios de migración, en base al pago puntual de ‘cuotas’.

Son innumerables las historias que se cuentan sobre los grupos de indocumentados que han sido abandonados a su suerte luego de haber entregado las sumas de dinero convenidas, o que son recogidos en estado grave merced a las golpizas recibidas para quitarles sus pocas pertenencias.

Si bien les va a los indocumentados y logran internarse en los Estados Unidos, seguirán viviendo en un contexto de incertidumbre y mal trato de parte de los empleadores que, las más de las veces, explotan inmisericordes la fuerza laboral cuando se trata de ilegales que no pueden alzar la voz.

El gobierno federal de nuestro país, al pretender congraciarse con las autoridades norteamericanas, ha signado convenios con su contraparte a través de la Cancillería, en los que infamemente otrora autorizó que se les deportara masivamente, como podría ocurrir a partir de enero del 2025, al tomar posesión como presidente de la Unión Americana el republicano Donald John Trump.

Y de eso tiene mucho qué decir la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por eso el Congreso de la Unión ya está dispuesto a llamar a cuentas a los encargados de la política exterior, a fin de que expliquen el por qué se mantiene vigente un convenio que a todas luces resulta un atentado a las más elementales garantías individuales.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.