Ciudad de México.- “Desde la Conasama hacemos un llamado para que los anexos o centros residenciales para el tratamiento de adicciones se profesionalicen y se apeguen a la normatividad sobre la base de los derechos humanos” señaló el titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), Juan Manuel Quijada Gaytán.

En el marco de la 7.ª Reunión Nacional con enlaces de establecimientos residenciales de las Comisiones Estatales de Salud Mental y Adicciones, Quijada Gaytán señaló la importancia de derribar el estigma en torno a las personas con un consumo problemático de sustancias psicoactivas y canalizarlas a servicios de atención.

Informó que, desde 2018, el área especializada de salud mental y adicciones del gobierno federal, a través de la representación en los estados, ha realizado más de ocho mil visitas y más de 54 mil capacitaciones a centros residenciales, para fortalecer el apego a la normatividad.

Además, se han emitido diversos documentos técnicos y normativos para que dichos centros cuenten con un marco de referencia para la atención apegada a derechos humanos.

“Trabajamos para que puedan operar bajo los estándares de derechos humanos. Extendemos una invitación para que se acerquen a Conasama, a nuestras representaciones en los estados, para que podamos trabajar en conjunto.”

Resaltó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es un aliado fundamental. También destacó el acompañamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Aclaró que los centros residenciales atienden principalmente problemas de dependencia a sustancias psicoactivas, por lo que “hacemos un llamado para que las personas primero acudan a un primer nivel de atención, a sus clínicas cercanas, a alguno de los 341 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones gratuitos bit.ly/3soKYLs que tiene Conasama; ahí se valora el tipo de atención que se requiere”.

El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Froylán Vladimir Enciso Higuera, señaló que quienes consumen sustancias psicoactivas son personas que deben recibir atención desde la perspectiva de derechos humanos, lejos de la visión punitiva.

Resaltó que las personas enlaces con los centros residenciales trabajan día a día para evitar violaciones a la dignidad y a los derechos humanos de consumidores y sus familias.

La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Nuria Fernández Espresate, dijo que sólo con óptica comunitaria, de género y de derechos humanos será posible conectar con las personas que requieren atención por consumo de sustancias o por un problema de salud mental.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, dijo que las personas consumidoras de sustancias psicoactivas forman parte de grupos de atención prioritaria que históricamente han sido estigmatizados, criminalizados, excluidos y altamente expuestos a la violación de sus derechos humanos.

Mencionó que la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque en derechos humanos revela cuestiones como el hecho de que existe más estigmatización y condena social hacia las mujeres consumidoras.

Reconoció los esfuerzos que impulsa Conasama para transitar hacia un paradigma de atención a la salud mental en el consumo de sustancias psicoactivas que sea garante, respetuoso y protector de los derechos humanos.

En tanto, la directora de Documenta A.C., María Sirvent Bravo Ahuja, recordó que en mayo de 2022 se publicó una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, que implica eliminar los internamientos involuntarios y garantizar que el consentimiento informado sea la base sobre la cual se proveen dichos servicios.

A la inauguración también acudió el comisionado de Fomento Sanitario de Cofepris, Pablo Quiroga Adame; representantes de Conasama de las 32 entidades federativas; la representante adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Stacy de la Torre, y el presidente nacional de Drogadictos Anónimos, José Luis Santiago Morales.