Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de abordar las inquietudes y dudas de las empresas sujetas al cobro del impuesto sobre la emisión de 25 mil toneladas o más de gases de efecto invernadero mensuales, además de iniciar con el análisis de las posibles reglas de operación, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Secretaría de Economía, Secretaría de Finanzas, Oficina del Gobernador y Consejería Jurídica.

La reunión fue encabezada por la titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, quien comentó que con un enfoque de transparencia y colaboración con el sector industrial, como fue la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja de manera interinstitucional para establecer una metodología precisa para calcular el monto que deberán pagar los contribuyentes.

Explicó que la medida no tiene fines recaudatorios, sino que los recursos generados se destinarán a obras y acciones específicas para mejorar el medio ambiente, tanto en la mitigación como en la adaptación a las alteraciones climáticas que se viven. Además, enfatizó que habrá apoyo a sectores como la agricultura, ganadería y pesca, que han sufrido las consecuencias de la escasez de agua relacionada con el cambio climático.

Saldívar Lartigue comentó que el Gobierno del Estado inició la socialización del llamado “Impuesto Verde” con las diversas cámaras empresariales de la entidad, ya que solo las industrias que emitan más de 25 mil toneladas de gases de efecto invernadero al mes estarán sujetas a este pago.

Mencionó que son alrededor de 36 empresas que operan en Tamaulipas que superan dicho umbral, principalmente en el sector petroquímico, por lo que la administración estatal demuestra su compromiso en abordar la problemática medioambiental de manera proactiva, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo en la región.

En la mesa de trabajo participó la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deandar, así como representantes de la Secretaría de Finanzas, la Oficina del Gobernador y la Consejería Jurídica, destacando la importancia de una colaboración interinstitucional.