Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación, mediante la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), asesoró al personal que atiende las Casas Escolares de la Niñez Indígena ubicadas en las comunidades del pueblo yaqui, en el estado de Sonora.

Para ello, impartió talleres presenciales durante tres días, con mediación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Esta labor se lleva a cabo en apego a que la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes concibe el conjunto de acciones prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral del sector de la población de cero a 17 años de edad, definidas a partir de un proceso de interlocución entre los sectores público, privado y social.

Estas estrategias son aprobadas por el Sipinna nacional, con el objetivo de garantizar todos los derechos humanos de la niñez y adolescencias.

Las jefas de Departamento de Seguimiento y Monitoreo del Programa Nacional de Protección Integral, Jhovanna Mena Pacheco, y de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, María Teresa Cortés Rojano, ambas servidoras públicas de la SE del Sipinna nacional, destacaron que los derechos humanos de este grupo etario son universales, indivisibles, interdependientes e irrenunciables.

Ante las personas representantes de las comunidades del pueblo yaqui subrayaron que estos derechos están mandatados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), promulgada en 2014, donde se señala la corresponsabilidad de autoridades federales, estatales y municipales para su garantía y protección, sin discriminación al interior de sus familias y comunidades.

Las servidoras públicas apuntaron que el ejercicio de los derechos de esta población debe plantearse con una visión libre de adultocentrismo, conductas que se traducen en prácticas sociales que apoyan la representación de la persona adulta como modelo al que se aspira para el cumplimiento de las tareas sociales y la productividad, que se enlaza con esa perspectiva del mundo androcéntrico donde todas las acciones y decisiones giran alrededor del punto de vista masculino.

Enfatizaron el papel de la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones comunitarias que impactan su vida como un proceso permanente y libre donde opinan y se les toma en cuenta.

Lo anterior –recalcaron– debe abordarse con el enfoque de equidad entre niñas y niños, donde ellas cuenten con igualdad de oportunidades para acceder a programas, bienes, servicios o productos.

Ambas servidoras públicas de la SE del Sipinna nacional expusieron que la desigualdad entre niñas, niños y adolescentes frente a las personas adultas y entre personas femeninas y masculinas se expresa en conductas de discriminación y violencia, en especial la sexual.

De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia esta violencia se define como “cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”.

Expusieron que cualquier forma de violencia sexual contra niñez y adolescencias tiene consecuencias en su vida, su entorno y en todos los contextos en los que la víctima se desarrolla y por ello, la protección debe darse desde la familia y su ámbito social hasta el poder legislativo y las políticas públicas.

Lo anterior, sostiene la necesidad de difundir contenidos de carácter interinstitucional con perspectiva de niñez y adolescencias, y avala lo acertado de asesorar a la población como los talleres que se impartieron al personal que atiende las Casas Escolares de la Niñez Indígena, en las comunidades del pueblo yaqui, Sonora.

La SE del Sipinna nacional tiene claridad de que esta labor debe realizarse con lenguaje claro y comprensible. Asimismo, la asesoría que se imparta debe abordar detección, prevención y denuncia de la violencia sexual dirigida a las niñas y las adolescentes de entre 10 y 14 años de edad, y aunado a ello, debe generar empatía y apropiación, a fin de que sean capaces de detectar o prevenir problemáticas como el abuso sexual y, por ende, el embarazo infantil o adolescente.