Para el ejercicio 2024, a Tamaulipas le sería asignado un presupuesto de 69 mil 652.9 millones de pesos; 512 millones menos que en 2023. Monto que resultaría insuficiente para cubrir las necesidades de infraestructura, proyectos de desarrollo y programas asistenciales, tomando en cuenta que el gasto corriente absorberá entre el 80 y 90 %; y que la inflación se estima en más de tres puntos, según pronósticos de expertos en economía.

Esto llevaría al gobernador Américo Villarreal Anaya a la reasignación local de recursos, para así evitar que la crisis golpee a la entidad.

Mientras tanto, los diputados federales bien harían en tramitar más recursos para el estado, sin importar colores ni intereses de grupo.

Ya ve Usted que, por el centralismo dominante, el presidente es el que decide cómo distribuir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), aunque lo haga a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las fracciones legislativas de Movimiento Regeneración Nacional (morena) y aliados.

Incluso, pasando por alto que los estados que más recursos recaudan, como son los casos de la Ciudad de México y Tamaulipas, son, también, de las más castigados con la asignación de recursos.

Así que no esperemos milagros en la repartición del pastel.

Y sí, por el contrario, un ajuste en el gasto estatal, como quizá algunas medidas para procurar generar recursos propios.

Según dice Andrés Manuel López Obrador, el PEF para ejercerse en 2024 resultará suficiente para: a) mejorar la calidad de vida de los +/- 130 millones de mexicanos; b) reducir las desigualdades sociales; c) promover el crecimiento económico; d) darle seguridad a la población; y, d) generar empleos.

En teoría sería lo correcto. Pero, en la práctica, se vislumbra que ésas ofertas no se cumplirán, como ningún otro acuerdo para rescatar a los más jodidos, pues a las 32 entidades federativas (incluida la Ciudad de México), apenas se les asignarán recursos para irla pasando, mientras que al sector energético se le otorgaran caudales, siendo que durante décadas ha sido y lo es todavía, un barril sin fondo para el enriquecimiento de funcionarios.

A la mano, conservo copia del proyecto del reparto presupuestal que todavía no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, aun cuando la fecha límite para hacerlo se cumplirá el 15 de noviembre próximo. Y, por supuesto, ahí se observan claramente los ‘tijeretazos’, como el aumento sustancial a otras áreas que no aportan nada y sí mucho gastan.

Alcaldías quebradas

No sé, con precisión, cuántos alcaldes han solicitado ayuda al gobierno del estado para solventar el pago de salarios correspondiente a las cinco quincenas que restan al año (y aguinaldos), pero, según me han dicho, la cifra acaricia las dos decenas.

En términos cuantitativos, el escenario no pasaría de ser una simple estadística –hasta el momento–, tomando en consideración que la cifra podría disminuir vía el otorgamiento de empréstitos y/o ‘adelantos’ –con cargo a los presupuestos municipales del 2024–, que, por cierto, aún no se han agendado para discutirse en el Congreso local.

Sin embargo, hay que analizar, desde el punto de vista cualitativo, qué circunstancias pudieron provocar el quebranto financiero a cada uno de esos ayuntamientos que carecen de recursos económicos para cubrir en tiempo y forma sus obligaciones.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.