Reynosa, Tamaulipas.- El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, afirmó en un comunicado, escrito en su página de Facebook, una serie de consideraciones sobre su situación jurídica, de entrada que es falso que exista una orden de aprehensión que pueda ejecutarse en su contra.

Aseguró que cuenta con la protección de un amparo contra cualquier orden de aprehensión, otorgada por un juez de Distrito que impide la ejecución de cualquier orden girada en el Estado de Tamaulipas.

Precisó que de tratar de ejecutarse (la orden de aprehensión) quien lo haga estará incurriendo en un posible delito que le corresponderá investigar a la Fiscalía General de la República (FGR).

Reiteró que su actual situación es producto de prácticas políticas de la pasada administración estatal que encabezó Francisco García Cabeza de Vaca.

“La carpeta de investigación que menciona la Fiscalía es resultado de fabricaciones elaboradas en la administración estatal anterior, como parte del golpeteo político que acostumbraban en contra de todos sus opositores", versa el comunicado.

Además, dijo que las acusaciones que en su contra ha hecho la Fiscalía Estatal son falsas y pisotean sus derechos fundamentales, así como que afecta el proceso y su derecho de defensa.

"Exijo a la Fiscalía que deje a un lado intereses políticos y personales, se conduzca con imparcialidad y apegado a la Constitución federal y estatal. Tamaulipas ya no permitirá viejas prácticas que tanto daño hicieron a nuestras familias”.

Finalmente, Peña Ortiz dijo que su abogado, del cual no mencionó su nombre, está llevando este proceso en las instancias correspondientes, apegado a derecho y como lo marca la ley.

Cabe recordar que ayer lunes el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, confirmó la orden de aprehensión en contra del alcalde de Reynosa, misma que dijo se giró tras una denuncia que data del año 2021 y que fue presentada por un particular (Marcelo Olán) en contra de Peña Ortiz.

El fiscal desestimó que sea una persecución política, pues destacó que todo obedece a una denuncia presentada por una persona y que al terminarse la garantía del amparo que tenía Peña Ortiz, ellos deben de proceder como corresponde.