Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Luego de la resolución del Poder Judicial del Estado que confirmó existen numerosos indicios de la probable comisión de delitos por ex funcionarios públicos, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal reiteró su compromiso de continuar la lucha contra la corrupción.

También, la presidenta municipal realizó un pronunciamiento para que el proceso legal en contra de los implicados se efectúe con total apego a la Ley, se repare el daño causado y se sancione a los responsables conforme a derecho.

“El combate a la corrupción es un compromiso adquirido por principios y con el pueblo de Nuevo Laredo, seguiremos trabajando sin descanso para defender los intereses de esta ciudad denunciando a quienes en el ejercicio del poder, abusaron del mismo buscando un beneficio personal”, señaló Canturosas, presidenta municipal.

Este miércoles un Juez de Control en materia penal con sede en esta ciudad, dictó en audiencia de imputación, un auto de vinculación a proceso a ex funcionarios municipales, derivado del caso de la compra de los terrenos conocidos como “de la ruta del jabalí”.

Fue hasta el firme llamado que realizó el Republicano Ayuntamiento que se iniciaron las investigaciones correspondientes pues el caso estuvo detenido por varios meses por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

La presidenta municipal informó que de las indagaciones resultó que un Agente del Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones, judicializó la carpeta solicitando audiencia de imputación para los presuntos responsables.

CABILDO DE NUEVO LAREDO APRUEBA EXHORTO PARA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

En ese sentido el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad un exhorto al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas respecto a denuncias presentadas por parte de la Administración Municipal.

Los integrantes de la Comisión de la Verdad y Anticorrupción precisaron que se debe resolver la imposición de sanciones por cometer faltas administrativas graves y faltas de particulares.

Cabe destacar que por el sigilo que se debe guardar al debido proceso, se reservan los datos de las carpetas para respetar los derechos humanos de los probables responsables.