Altamira, Tamaulipas. - La diputada por el Distrito XVIII (Altamira y Aldama, Tamaulipas) Nayeli Lara Monroy, subió a la tribuna del Congreso del Estado para proponer un incremento en la pena mínima a quienes avalen y fomenten la creación de nuevos asentamientos irregulares en la entidad.

La medida presentada por la legisladora se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), y surge a raíz de la proliferación de asentamientos irregulares por todo el Estado.

Los datos del Itavu indican que existen 230 asentamientos humanos irregulares identificados, de los cuales 100 son de reciente creación y están concentrados en distintos municipios.

Lara Monroy, planteó reformas a la Ley Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y al Código Penal para el Estado de Tamaulipas.

Mencionó que algunas de las causas que originan estos asentamientos es el hecho de que falsos líderes sociales se vinculen de manera deshonesta con actores políticos, buscando obtener beneficios económicos al invadir terrenos con o sin consentimiento de sus legítimos propietarios y promoviendo su invasión, al igual que los propietarios de terrenos que buscan evitar los requerimientos legales para la venta de los predios, sabiendo que sus terrenos no son susceptibles de urbanización.

Además de los servidores públicos que desvían hacia los asentamientos humanos irregulares, servicios públicos, dotando de una falsa certeza a las personas que habitan esos predios.

Se propuso modificar el término de asentamiento irregular para quedar como sigue: “El conjunto de terrenos fraccionados o subdivididos que fueron ocupados sin la documentación legal que acredite su propiedad; las personas que habitan en estos asentamientos suelen auto gestionar su vivienda y servicios, y se ubican en zonas que no fueron evaluadas por la autoridad local competente para determinar si el suelo ocupado es apto para ser urbanizado”.

Como parte de las reformas, se obligará a los municipios a realizar un programa anual de monitoreo que permita detectar nuevos asentamientos irregulares, y aplicar las acciones que el marco jurídico prevé.

El propósito de la iniciativa presentada es coadyuvar a frenar el deterioro territorial de los municipios, que incide en pobreza, daños a la salud, inseguridad, deterioro ambiental, discriminación y la imposibilidad de que las personas puedan ejercer sus derechos ciudadanos más básicos, como por ejemplo ostentar un domicilio.