Tampico, Tamaulipas. - Después del infortunado incidente donde lamentablemente fallecieron de manera trágica 39 migrantes que estaban recluidos dentro de un centro del Instituto Nacional de Migración (INM), la legisladora federal por Tampico Rosa María González Azcárraga exigió una revisión a fondo de los recintos, pues algunos no cumplen con la normatividad para ser considerados como albergues.

Los estrujantes hechos donde los extranjeros perecieron sin poder escapar debido a que prácticamente estaban detrás de rejas ocurrieron en Ciudad Juárez, Chihuahua.

González Azcárraga, acompañada de integrantes de su bancada y de la Comisión de Asuntos Migratorios que preside en la Cámara de Diputados, lamentó los hechos registrados el pasado lunes en la estación migratoria de esa ciudad fronteriza, por tal motivo alzó la voz para que el Gobierno de México gire instrucciones precisas a la Secretaría de Gobernación (Segob), a fin de que exija al INM un trato digno a los migrantes.

"(Que) rinda cuentas claras y asuma su responsabilidad (el Instituto Nacional de Migración), ya que por todos es sabido que a los migrantes los tratan como delincuentes en estos recintos migratorios del país, además de despojarlos de sus pertenencias", insistió.

Explicó que gran parte de esos lugares operan más como espacios de retención de migrantes "y no como albergues, como lo señaló el pasado martes el presidente de México", precisó.

Manifestó que esas instancias provisionales todos los días recluyen a migrantes de los países de Centroamérica, que son arrestados y remitidos en celdas que no cumplen con las especificaciones para ser tratados como seres humanos, destacando que aún y cuando exista la posibilidad de que las personas recluidas en esa estación migratoria hayan ocasionado el incendio que los privó de la vida.

"De ser así, sigue siendo responsabilidad del INM, ya que no existe un control en esos sitios migratorios; si la Federación no puede poner orden en dichos lugares y conservar la vida y derechos humanos de unos cuantos migrantes, mucho menos podrá hacerles frente a las 30 mil personas que mes tras mes son retornadas de Estados Unidos por cruzar de manera irregular", puntualizó.

Por último, enfatizó la importancia de que las asociaciones civiles y defensoras de los derechos humanos participen en las revisiones a dichos espacios que albergan a personas migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba y otras naciones más, para que de esta manera puedan constatar las condiciones de vulnerabilidad y del constante atentado a sus derechos y garantías individuales.