+ Legisladores y líderes republicanos de EU se topan con pared en México

+ El Congres local, ¡uf!, va de mal en peor, a la mitad de la LXV Legislatura

+ Alumnas del CBETIS 24 ponen ejemplo de dignidad, el denunciar acosos

 
La sugerencia de autoridades estadunidenses para que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Drug Enforcement Administration (DEA) ejecuten operaciones abiertas en la frontera norte de México (con o sin permiso), es un claro llamado al intervencionismo y la violación a nuestra soberanía.

Así lo juzgan los gobernadores de Movimiento Regeneración Nacional (morena) al responder a los legisladores y líderes republicanos promotores de la militarización gringa en México, cuya argucia es que con esta medida se enfrentarían a los cárteles que operan en territorio nacional.

Sin embargo, la responsabilidad de su combate compete solamente al gobierno mexicano y si los cárteles se han enquistado en la frontera, es por la alta demanda de enervantes que distingue a la sociedad yanqui. Aunque eso tampoco sería pretexto para aminorar el combate a la delincuencia.

Ciertamente, junto al desempleo y la pobreza es la inseguridad pública uno de los problemas que más lastiman a la sociedad.

El cáncer penetra hasta los rincones más apartados de la geografía estatal, evidenciando tropiezos en la materia.

Paso a paso, el hampa ha sentado sus reales y defiende a sangre y fuego los territorios ‘conquistados’, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) –responsable directa de perseguir esos ilícitos--, hasta la fecha no logra encontrar la fórmula para atenuar, al menos, este lastre que atenta contra individuos y familias tanto en su patrimonio como en su integridad física y moral.

Ciudades y comunidades otrora pacíficas, han pasado a constituirse en espacios de alto riesgo donde sólo impera la ‘ley de la selva’, sin que exista poder humano capaz de restablecer el orden.

Por el contrario, es harto palpable el tropiezo de las estrategias para frenar los índices delictivos, como lo demuestran los acontecimientos que en Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa han tenido lugar en los días recientes; y eso permite suponer que se cometen en un marco de impunidad, constituyendo, además, uno de los principales ingredientes que permiten su propagación.

En reiteradas ocasiones se ha comprobado que el hampa teje relaciones y logra penetrar las esferas encargadas de combatirla, lo que ha sido demostrado cuando se logra detener a facinerosos de alto rango, quienes muchas veces son servidores públicos en activo, lo fueron o sostienen relaciones de complicidad con los mandos encargados de la seguridad pública.

Es más, en el pasado reciente resultaba común enterarse de cómo delincuentes disfrazados de policías, mediante estipendio, lograban colarse a las mejores ‘plazas’ --este mal quizá aún se practica-- a fin de estar cerca de los ‘patrones’ y poder servirles adecuadamente.

Secuestros, violaciones, robos, tráfico y venta de estupefacientes, así como viles y cobardes asesinatos, forman parte de una larga lista de modalidades criminales que llenan a diario los espacios y tiempos de los medios de comunicación masiva y siguen al alza. Todo ello daña la credibilidad hacia las instituciones federales encargadas de la seguridad, hasta el grado de que la población agraviada ya exhibe hartazgo.

Sólo cifras alegres y pretextos escuchamos por doquier por parte de los encargados de combatir el crimen, que, desafortunadamente, avanza a pasos firmes en nuestro país sin que logren detenerlo las autoridades responsables en la materia.

 

Tendencia a minimizar

Las declaraciones de altos funcionarios gubernamentales que tratan de minimizar el caso podrían formar parte del guion al que hay que acudir frente a los acontecimientos de esta índole --eso lo entiendo perfectamente--, pero de ninguna manera se puede convenir que en ello vaya implícita la tentación de negar una realidad que se palpa a diario, como es la inseguridad pública.

Bajo esta óptica tendríamos que aceptar que los crímenes que se cometen diariamente en todo el país, en clara disputa entre mafiosos, son algo normal; ‘cosas naturales que no trastocan la vida de la gente y ocurren de  manera circunstancial’, como lo han sugerido funcionarios federales, aunque los sicarios tomen como escenario para dirimir sus desacuerdos las principales arterias de los municipios, carreteras y las poblaciones más recónditas.

Igual tendríamos que convencernos de que las armas y balas de grueso calibre --con que los hampones quitan la vida a personas, estén o no en el tejemaneje de la ‘maña’--, son artefactos que llegaron a sus manos de pura casualidad.

Sugerir esto, es como una aceptación tácita para que los encargados de la seguridad ciudadana se crucen de brazos y no vean ni oigan absolutamente nada que ponga en riesgo el trabajo que desempeñan.

Es, también, como una invitación abierta a vivir en la resignación e indolencia.

Entonces, ¿qué están esperando los funcionarios encargados de combatir en verdad a la delincuencia organizada?

 

Congreso, ¡uf!

La decadencia legislativa cada vez se hace más notoria ante la falta de una figura capaz de concertar (mediante el diálogo y el debate) con las distintas fracciones representadas la agenda, el respeto entre pares –obviamente, al éstos ser antagónicos--, la procuración del quehacer cameral sustantivo sin autoritarismos ni fobias y, por supuesto, un liderazgo probado por lo menos entre su propia bancada.

Ahora resulta que los diputados locales auto mentados independientes son los que mayor fuerza tienen en la LXV Legislatura del Congreso local, pues sin su apoyo ningún grupo parlamentario alcanzaría los votos requeridos al ponerse a consideración del pleno las iniciativas de ley.

Movimiento Regeneración Nacional (morena) cuenta con 16 diputados a la fecha –no alcanza ni la mayoría simple--, tras la renuncia (por segunda ocasión en esta legislatura) de la diputada Leticia Sánchez Guillermo, quien, junto a Leticia Vargas Álvarez, Consuelo Nayeli Lara Monroy y Jesús Suárez Mata, le jugaron las contras a morena para destituir como presidente de la Junta de Coordinación Política (JuCoPo)a Armando Javier Zertuche Zuani (marzo 9 de 2022), e imponer como relevo a Félix Fernando García Aguiar.

Supuestamente, los cuatro serían expulsados de morena por su traición, según ofreció el entonces delegado del partido marrón, Ernesto Palacios, pero ninguno fue dado de baja por la Comisión de Honor de su partido y siguieron actuando conforme les vino en gana, hasta que por sí solas las tres mujeres decidieron su destino.

Las legisladoras ‘independientes’ --que aún militan en el PAN--, son Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, Sandra Luz García Guajardo y Linda Mireya González Zúñiga.

El membrete albiceleste se quedó con 13 diputados: 9 uninominales y 4 plurinominales; el PRI con tres (todos de representación proporcional); y MC, con uno (igual, plurinominal).

De cualquier forma, el barco de la LXV Legislatura navega a la deriva, a falta de un timonel capaz de conducir la nave a buen puerto.

Y menos podría lograrlo (Úrsula Patricia Salazar Mojica) con tanta arrogancia y prepotencia.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

 

Caminante no hay camino

Según las estadísticas que obran en poder de Tránsito municipal, en Victoria circulan diariamente alrededor de 180 mil vehículos automotores.

Es decir, uno por cada dos habitantes, sin contar con las unidades que de paso recorren la capital de Tamaulipas.

De ese parque vehicular menos del 50 por ciento ostenta matrículas y engomados y menos ha causado alta en la Oficina Fiscal, por lo que su situación además de irregular es ilícita.

Pero esto poco les importa a los cafres que conducen esos vehículos para aprender a manejar; maniobrar en estado de ebriedad; causar choques y huir; estacionarse en lugares prohibidos, sobre la banqueta o en los cajones exclusivos para minusválidos –quizá por estar atrofiados del cerebro--, y, en el menor de los casos, causar caos vial por ignorar las reglas de tránsito.

Para enfrentar el problema, bastaría renovar los cuadros de Tránsito municipal para operar una cruzada de revisión de documentos, donde podría intervenir no sólo el Cabildo, sino la actual legislatura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una representación de periodistas y personal de la Procuraduría General de Justicia, a fin de que la ley se aplicase sin exclusividades ni exclusiones.

 

Se hace camino al andar

El acoso sexual en los centros escolares es una ruindad que provoca a las víctimas trastornos psicológicos irreversibles y un bajo rendimiento en su quehacer académico –principalmente a las mujeres--, hasta el grado de verse orilladas a truncar sus estudios para así evitar mayor maltrato por parte de sus victimarios; y hasta de los directivos, cuando hay de por medio una complicidad que los lleva a encubrir la infamia.

Durante décadas, las organizaciones defensoras de sus derechos han reclamado correctivos más severos para castigar el acoso sexual, por considerar aún insuficientes los establecidos en el Código Penal, a pesar de las últimas reformas diseñadas para castigar tal ignominia.

Lamentablemente, pocas estudiantes acosadas son las que presentan denuncia formal ante la Agencia del Ministerio Público (por temor a las represalias), ya que el grueso de las víctimas no quiere verse inmiscuido en procesos.

No hay que perder de vista las protestas de las valientes alumnas del CBETIS 24 de Ciudad Victoria, por acoso sexual.

 

Cicuta

El fin del PRI, al menos en Tamaulipas, está próximo.

Tan lo supo a tiempo Carlos Solís Gómez, que le dejó libre el camino a Mayra Ojeda Chávez para que se enredara en su propia trampa.

¿Junto con Montserrat Arcos?

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.