Nuevo Laredo, Tamaulipas. — El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, reconoció su responsabilidad en el caso de la “Masacre de Valles de Anáhuac”, en el que ocho personas fueron secuestradas y ejecutadas por elementos del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y ofreció una disculpa pública a familiares de las víctimas.

A casi tres años de ocurridos los hechos en la colonia Valles de Anáhuac, finalmente el Gobierno de Tamaulipas llevó a cabo este acto de disculpa pública en el auditorio de Estación Palabra y estuvo a cargo del coordinador general de operaciones de la SSPT, José Rafael Rivas Valdez.

“El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, reconoce la falla en el actuar de los integrantes del estado, y ofrece una sentida y formal disculpa pública, a las y los familiares de las víctimas, reconocemos que estos elementos de la Secretaría incurrieron en errores e inobservancia de la normatividad que regula parámetros y límites en el ejercicio de sus funciones lo cual derivó en la lamentable pérdida de la vida”, señaló Rivas Valdez.

El funcionario reconoció la violación de los derechos humanos de las víctimas por partes de los integrantes del CAIET y SSPT, quienes aseguró actuaron en forma unilateral, ilegítima e indebida, alterando la escena y fabricando un presunto acto delincuencial.

Y es que en aquella ocasión, el 5 de septiembre de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas anunció que se habían “abatido” a civiles armados durante un enfrentamiento en dicha colonia. Sin embargo; meses después quedó al descubierto lo sucedido, las víctimas eran personas, principalmente jóvenes, secuestradas en diferentes puntos de Nuevo Laredo, llevadas a un domicilio, donde los obligaron a ponerse unos “uniformes” para luego asesinarlos.

Las víctimas fueron; Wilbert Irrastreto Pérez, de 20 años; Juana Jetzel Graciano Magaña, de 20; Cindy Esmeralda Briseño Chapa, de 39; Luis Fernando Hernández Viesca, de 19; Enrique Pérez Chávez, de 20; Jennifer Hazel Romero López, de 21; José Daniel Saucedo Hernández, de 19 y Severiano Treviño Hernández, de 34.

Una vez terminó el evento, el funcionario se retiró del lugar sin tener un acercamiento con los familiares de las víctimas, quienes nunca dejaron de pedir justicia acompañados del titular del Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez.

A nombres de los familiares de las ocho víctimas, el sacerdote Carlos Ramírez Moreno –tío de una de las jóvenes asesinadas- aceptó la disculpa pública por parte de las autoridades estatales.

“Un requisito para ser perdonado es sentir arrepentimiento y hoy las familias aceptamos su arrepentimiento, aceptamos que reconozcan su agravio, que reconozcan su error y su equivocación que nos cambió la vida, que nos trastornó y nos destrozó para siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro señor, rey de reyes, señor de señores, les perdonamos”, dijo Ramírez Moreno.

El sacerdote dijo que las autoridades de Tamaulipas pudieron evitar el sufrimiento de la familia, si desde los primeros días hubieran reconocido el mal actuar de los elementos policiacos, pero tuvieron que pasar casi 3 años para que se diera.

Por su parte, Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, reconoció la disculpa que ofreció del Gobierno de Tamaulipas.

“Es muy trascendente que el gobierno del estado de Tamaulipas ofrezca estas disculpas públicas por los hechos ocurridos, reconociendo que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas y que estas violaciones causaron un daño irreparable para las familias”, dijo.