Pachuca de Soto, Hgo. - Diputadas locales presentaron una iniciativa que adiciona la fracción V del artículo 121 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de que no prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres y se puedan iniciar procedimientos en contra de los perpetradores, asó lo señalaron legisladores de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Nueva Alianza.

La diputada Tania Valdez Cuellar, explicó que la violencia sexual, como un hecho que trasgrede lo más íntimo del individuo, es un abuso basado en el género, que demuestra el sistema de subordinación que un género ejerce sobre otro. Este tipo de violencia es la más compleja de registrar, ya que está rodeada de silencio, dominio de un individuo sobre otro en una relación asimétrica de control y poder; por otra parte, en el ámbito jurídico se señala que los delitos sexuales son de realización oculta, por lo que son difíciles de probar.

Añadió que con base en estudios realizados en México y en Estado Unidos, se estima que entre 40 y 52 por ciento de las mujeres que experimentan violencia física por parte de su pareja también han vivido violencia sexual por la misma pareja, señalando que la edad de mayor vulneración para ser víctima de algún tipo de ataque sexual es la adolescencia y la juventud. Se tener en cuenta que los procesos penales, en los casos en los que llega a haber una denuncia, son largos y revictimizadores, pues se pide a la víctima que enfrente estudios tortuosos y finalmente, que rememore ante un juez y ante su perpetrador los hechos denunciados.

En muchas ocasiones, cuando la víctima se siente capaz de hacer la denuncia, se encuentra ante la situación de que la autoridad ministerial ya no puede hacer nada porque el delito prescribió, generando una frustración en la víctima, pero quizá más grave aún, permitiendo que el perpetrador siga cometiendo delitos sexuales en contra de otras diversas víctimas.

Por ello, la iniciativa plantea reformar la institución jurídica de la prescripción de la acción penal para extender la oportunidad temporal en la cual se pueden iniciar procedimientos en contra de los perpetradores de delitos sexuales en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, a fin de que estos delitos no prescriban.