Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios le negó al Sindicato del Ayuntamiento de Victoria el derecho de huelga, ante la negativa de firmar el contrato colectivo por la administración del alcalde Eduardo Gattás Báez.

Le fue negado el procedimiento de huelga para suspender las labores en las distintas áreas municipales al determinar que el Municipio no ha violado los derechos laborales, tal como lo demandó la secretaría general del Sindicato, Laura Guadalupe Infante Quintanilla.

Durante la celebración de la 19 sesión ordinaria de Cabildo miembros del Sindicato de Trabajadores se manifestaron en las instalaciones de la Presidencia Municipal para exigir se respeten los logros que han obtenido a través del contrato colectivo, y que a cinco meses de la nueva administración, sigue sin firmarse.

La resolución del Tribunal versa: “Las relaciones entre los trabajadores y los ayuntamientos del Estado de Tamaulipas se rigen por el Código Municipal local, por lo tanto es improcedente (la huelga) en virtud de que ya existe un cuerpo normativo que regula las condiciones de las relaciones laborales, entre las que no se contempla la celebración de contratos de este tipo (colectivo) ello en razón de que la naturaleza de las funciones públicas del Estado no le permite a diferencia de los Trabajadores al Servicio de los particulares”.

Así, queda infundada la intención de los miembros del Sindicato de Trabajadores suspender sus labores, y deberán continuar trabajando, al no vulnerar sus derechos.

En ese tenor, se llegó a la conclusión que a pesar de no haber firmado aún el contrato colectivo entre el Sindicato y el Ayuntamiento, no se está violando los derechos de forma general y sistemática de los empleados municipales, definidos en el artículo 250 del Código Municipal.

La notificación de la resolución fue firmada por el presidente del Tribunal, Oscar Godoy Espinosa, el representante del Sindicato de Trabajadores, Marco Antonio Martínez Castillo, el representante del Ayuntamiento, Raúl Lara Martínez, y la secretaria general del órgano jurisdiccional, Hortencia Martínez Posada.