Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En las comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, y de Estudios Legislativas del Congreso del Estado, se aprobó esta mañana la Ley de Austeridad del Estado y Municipios de Tamaulipas, con modificaciones a los artículos 18, 19 y 33 para eficientar los recursos públicos.

Tras una discusión de una hora y media entre las fracciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), de los pros y contras de recortar los recursos financieros, se acordó llevarse al Pleno para su aprobación definitiva en la próxima sesión programada para el 14 de diciembre.

La diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, propuso modificar el Artículo 18 para que la redacción sea más precisa y que no haya cabida a malinterpretaciones, al establecer que los servidores públicos del Estado recibirán atención en el sistema público de seguridad social.

Asimismo, se cambió la redacción del Artículo 19 para que sólo se les dote a los servidores públicos de escoltas para su protección cuando se encuentre en las zonas de alto riesgo de inseguridad en Tamaulipas, siempre y cuando sea necesario, para proteger su integridad física.

Respecto al Artículo 33 que establecía no se realizaran remodelaciones de las oficinas por cuestiones estéticas ni la compra de mobiliario de lujo, se propuso extenderlo a que siempre y cuando las oficinas se encuentren en buenas condiciones, no se realizarán remodelaciones, incluida la pintura cada tres años por el cambio de gobierno.

Por su parte el diputado del PAN, Carlos Fernández Altamirano, propuso discutir la eliminación del artículo 34 que prevé crear nuevos fideicomisos para atender temas de salud, educación, procuraduría de justicia, seguridad social y seguridad pública, ya que a raíz de la pandemia de la Covid-19 se crearon fondos para los trabajadores de la salud, fue desechado.

Así como al artículo 26 de la misma Ley, sin proponer qué tipo de cambios de redacción deben realizarse en ese artículo, y desviarse en otros señalamientos que argumentaron los demás integrantes de las comisiones.

La Ley contará 41 artículos integrados en tres títulos, que contemplan las disposiciones generales, los sujetos obligados, las reglas de los ordenamientos, reglas generales para la aplicación de los ahorros, y las reglas para los mecanismos de control y seguimiento, así como la vigilancia de la misma.

Se prevé la reducción de los salarios y prestaciones a altos funcionarios de los tres poderes del Estado, así como de los Municipios, organismos autónomos y demás entes públicos.

Una vez aprobada la Ley en la próxima sesión y publicada en el Periódico Oficial del Estado, quedará prohibida la creación de fideicomisos y fondos en salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública; así como realizar donaciones a asociaciones públicas o privadas que “se contrapongan a las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto”.

En su artículo 5 establece que:

“los ahorros generados a que se refiere esta Ley se destinarán, preferentemente, a áreas de seguridad pública, salud y educación”.

Se eliminarán los regímenes “privilegiados” de jubilación, pensión o haberes de retiro, al igual que se cancelarán los seguros privados médicos para empleados del Estado.

La presente ley, explicó la diputada, pretende restringir el uso de vehículos propiedad del Estado para uso personal de los funcionarios, además de establecer un límite de viajes dentro y fuera del país por cuestiones de trabajo, al igual que la compra de viajes de primera clase, así como el límite en viáticos.

En su artículo 13 establece que:

“queda prohibida la adquisición de boletos de avión para viajes en servicio de clase ejecutiva, primera clase o equivalente, así como la contratación y utilización de servicios privados de aerotransporte”.

También se establecerán límites para que no se exceda el presupuesto asignado para servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.