Ciudad de México, (Agencia Informativa de México).- Empleado de limpieza del Servicio de Administración Tributaria (SAT), hicieron un llamado a realizar un “El Paro Nacional”, así como una protesta este martes para que se atiendan las irregularidades de falta de pagos, desde hace más de seis meses, correspondientes al trabajo que realizan.

De acuerdo con el sindicato Organización Laboral por el Desarrollo Económico y Social de la República Mexicana, se estima que el SAT adeuda cerca de 100 millones de pesos en los pagos de los servicios de limpieza a las empresas contratadas y afectado a más de dos mil trabajadores en todo el país.

Con pancartas que señalaron que “no queremos que el SAT nos regale nada, solo quiero que me paguen”, o “dejan a familias sin comer por afectación”, entre otras consignas.

Informaron que más de 800 trabajadores agremiados en este sindicato, organizaron el “paro” de labores y la protesta frente a las oficinas del SAT, además anunciaron que éstas no se detendrán hasta lograr que les paguen por los servicios que han prestado, se escalarán las protestas en próximos días en diferentes estados de la República.

Están solicitando la intervención directa de la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, para exigirle una solución de un problema que ha sido recurrente durante los últimos 6 meses afectando empleados de limpieza que mediante los contratos de servicios trabajan para la institución gubernamental.

De acuerdo con un comunicado de prensa del sindicato, las protestas se realizaron en los estados de Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de México, Veracruz y Tlaxcala, entre otros.

En la Ciudad de México, la protesta se concentró en las oficinas centrales del SAT ubicadas en la avenida Hidalgo 77, frente a la Alameda Central, en donde un contingente cercano a los 300 trabajadores cerro los accesos a las instalaciones desde las 8:00 de la mañana y cerró las vialidades en el cruce de las avenidas Hidalgo y Paseo de la Reforma.

Los representantes de los trabajadores, Mariana Becerril Torrijos, secretaria General del sindicato, así como Mauro Meléndez Velázquez y Carlos Murillo, coincidieron en que la intención de estas protestas no es afectar la ciudadanía.

De lo que se trata, señalaron, es “exigirles a las autoridades del SAT y a las empresas de limpieza que ya no se valgan de tácticas dilatorias y paguen a los trabajadores el total de sus sueldos, prestaciones y aguinaldos, debido a que las fuentes de trabajo se ponen en riesgo por la responsabilidad de funcionarios públicos y privados de segundo o tercer nivel”.

Explicaron que de poco o nada ha valido a las empresas de servicios haber sorteado las trabas burocráticas y el incremento en sus inversiones para quitarse el señalamiento de “outsoursing”, para asumir la Reforma Laboral impulsada por la Secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde y quedar en sintonía con los requerimientos que impone el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos Canadá México (T-MEC) en materia laboral.

Y es que aún con todo, acotaron, funcionarios que están en tercer nivel administrativo, pero “fuertemente vinculados” con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pasan por encima de las obligaciones contractuales, difieren y obstaculizan los pagos, acusan a las empresas de malos manejos, las responsabilizan de no pagarle a los trabajadores, las amagan con investigaciones extralegales y las ponen en riesgo de quiebre financiero técnico.

Pese a que en años anteriores la adjudicación de los servicios de limpieza se había realizado mediante licitación, para el 2021 los funcionarios del SAT determinaron que sería mediante adjudicación directa la manera de contratar los servicios.

Y así designaron a Rapax, Decoaroy Supervisión, Limpieza y Fumigación corporativa de Sinaloa, y Joad Limpieza y Servicios, las cuales habían tenido que sortear diversas dificultades meses antes, para quedar incluidas en el contrato marco -requisito indispensable para poder ofrecer servicios a las dependencias de gobierno-, y REPSE el cual es el nuevo registro como prestadoras de servicios especializados.

La supervisión, ejecución y cumplimiento de los contratos por parte del SAT recae en oficina de   Administración General de Recursos y Servicios que desde agosto del 2020 está bajo la responsabilidad de Paloma Rachel Aguilar Correa quien fuera escolta del presidente López Obrador y con quien presume tener línea de comunicación directa.

“De nada han valido los señalamientos públicos de nepotismo, amiguismo y desconocimiento elemental de los procedimientos administrativos para desempeñar el cargo.  Paloma contrató a su pareja sentimental, suegro y amigos cercanos para cumplir una agenda de control que parece estar por encima de su propia Jefa Raquel Buenrostro”, señaló uno de los manifestantes.