Tampico, Tamaulipas. - Dos adolescentes de Tampico de 14 y 16 años de edad obtuvieron la protección de la justicia federal para ser favorecidos con dosis de la vacuna anti Covid debido a que registran comorbilidades, y habían sido excluidos por parte de las autoridades federales de Salud, declaró el abogado integrante de Justicia Covid, Francisco Villarreal García.

Agregó que el Juzgado Noveno de Distrito otorgó amparos a los menores quienes padecen asma, considerándose factores de riesgo para su salud, por tanto debieron ser vacunados por la Secretaría de Salud federal, sin embargo, como se apunta, no habían sido considerados.

"La demanda fue promovida por los padres de los menores, quienes solicitaron la protección de la justicia federal para poder inmunizar a sus hijos, a quienes les había sido negado el beneficio; para tal efecto, ellos recurrieron a Justicia Covid, que representamos en Tamaulipas los abogados Fausto Villarreal García y Jorge Olvera Reyes, quienes formularon el amparo indirecto", precisó.

Completó:

"Después de presentarse el escrito, el Juzgado Noveno de Distrito de Tampico resolvió conceder dicho amparo contra actos del Poder Ejecutivo y otras autoridades; los menores padecen asma persistente moderada en tratamiento, por lo que al estar en esta vulnerabilidad corren más riesgo frente al covid-19, es así que dada esta condición, el juez consideró que era procedente otorgar la medida cautelar en favor de los menores, y ordenar que sean valorados para su vacunación en un plazo de 48 horas a partir de la notificación".

Villarreal García manifestó que la autoridad judicial estableció que el acceso a la salud es un derecho constitucional, y más aun tratándose de menores con comorbilidades en la actual pandemia, "y a esto se suma lo establecido en tratados internacionales para la protección de los menores", citó.

"El escrito ante la autoridad judicial menciona que desde el 28 de septiembre del presente año se incluyó a los menores de 12 a 17 años en la política de vacunación contra el Covid-19, que padezcan alguna comorbilidad que incremente su riesgo; sin embargo, a ellos les fue negado el beneficio, por esto se les concede de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados”, expresó, ordenándose a las autoridades correspondientes a adoptar las medidas necesarias.

Puntualizó que en caso de desobedecer la medida, las autoridades de Salud se pueden hacer acreedoras a una pena de tres a nueve años de prisión y multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ocho mil 962 pesos, así como destitución e inhabilitación de hasta nueve años para desempeñar otro cargo público, adicionalmente que el incumplimiento puede configurar también el delito de abuso de autoridad, y ameritaría en un momento dado denunciarse ante el Ministerio Público de la Federación.