Ciudad de México. - La intención del gobierno federal para desaparecer la Iniciativa Mérida y al mismo tiempo establecer un plan basado en el desarrollo, en colaboración con Estados Unidos, deriva en una bipolaridad, consideró Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI).

Afirmó que por un lado echa abajo la cooperación bilateral cuando el vecino del norte le ha inyectado 432 millones de dólares a dicha iniciativa durante la gestión de la 4T, y por el otro lado busca conjuntamente una recuperación económica.

Sobre el aspecto económico, el presidente de GMSI ha dicho que para combatir al crimen organizado es necesario atacar el origen del problema, concerniente al desarrollo del país, pues mientras 75% de la población se encuentra en pobreza, se estima que el narcotráfico y otros delitos dejan ganancias de más de 58 mil millones de dólares al año.

Además, ha reiterado que devolverle la seguridad al país, depende de un plan integral que ataque todos los frentes. Para combatir la delincuencia organizada, dijo, es necesario impulsar el desarrollo económico, pero además es fundamental que la Unidad de Inteligencia Financiera desarticule las finanzas de las células delictivas, pues en México mucha gente es fácilmente reclutada por los criminales por el factor económico.

“Se deben combatir otras aristas que están relacionadas con todos aquellos problemas que giran alrededor del narcotráfico y la delincuencia, como la falta de oportunidades laborales, la ausencia de incentivos fiscales para las empresas, más en esta época de crisis sanitaria, las dificultades del emprendimiento, la corrupción real y no sólo la que se queda en los discursos políticos, la impunidad, el sistema de justicia, y sobre todo, el rezago educativo, pues mucha gente se ha quedado incluso con la primaria trunca, debido a que ha sido fácilmente reclutada por el crimen organizado”, externó.

Dijo que no se puede eliminar un plan (como la Iniciativa Mérida) sin tener otro bien estructurado, por este motivo, consideró que la propuesta de seguridad del Gobierno Federal que busca combatir el alto índice de violencia, mediante acciones meramente locales enfocadas en 50 de los municipios del país, contra los 850 que no se contemplan y que también controla el crimen organizado, quedará pronto rebasada, porque entre otros aspectos, no ataca el origen de la inseguridad, concerniente al aspecto económico.

Además, dijo, está medida solo acelerará la expansión de las células criminales a nuevos territorios, porque los 50 municipios donde se focaliza la propuesta, representan apenas el 2% de los ayuntamientos del país, sin embargo, el crimen organizado controla el 35% del territorio nacional (de acuerdo al jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen VanHerck), es decir, unos 850 municipios que, por el momento, se quedarán sin una redefinición de estrategia y donde se genera el 53% de los homicidios dolosos a nivel nacional, que aunque esparcidos, representan un problema mayor al que se quiere combatir, señaló.

Alejandro Desfassiaux explicó que, aunque la violencia se contenga en el 2% de los municipios del país, la delincuencia es dinámica y se adapta rápidamente para crecer sus zonas de influencia. Por ejemplo, el CJNG que tiene operaciones en Tijuana, podría aprovechar para fortalecerse en otros municipios de las entidades en las que ya tiene presencia.

Como ejemplo expuso que, en marzo pasado, la DEA informó que este cártel operaba en 23 entidades y en junio, solo 3 meses después, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que dicho cártel ya se había expandido y mantenía operaciones en 27 estados del país, esto es 84% del territorio nacional.

La Iniciativa o Plan Mérida es un programa de cooperación de seguridad establecido en 2008 por Estados Unidos, México y los países de Centroamérica para disminuir el poder de los grupos criminales mexicanos, sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que dicha Iniciativa ya está muerta.

En tanto que la dependencia a su cargo acordó con una delegación de la DEA establecer como una prioridad bilateral mejorar los mecanismos para compartir inteligencia contra el crimen organizado.