¿MUERA EL REY, VIVA EL REY?

La reaparición de FGCV el pasado viernes, significativa, al lado de su fiel escudero desde que pelearon y ganaron la dirigencia del PAN, desde donde se palomeaba la candidatura de gobernador del 2016.

El 2 de marzo la 64 legislatura del Congreso de Tamaulipas establecía la ruta jurídica para el proceso de desafuero: “El citado artículo 44 que prevé el proceso de homologación se encuentra vigente desde 1984 y es consistente con el espíritu y letra de la Constitución General de la República. Sin embargo, no había sido regulado por el Congreso Local hasta esta fecha -2 de marzo del 2021-.”

Por lo que la diputada Karla María Mar Loredo decía que la comisión instructora sometería al pleno legislativo la homologación -San Lázaro con Congreso de Tamaulipas- si había responsabilidad del servidor público imputado.

Y precisaba: “En ese supuesto, el servidor público quedara separado del cargo y a disposición de las autoridades competentes. En caso contrario, continuará en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de que pueda ser imputado una vez que pierda la inmunidad procesal como resultado de la terminación del cargo”.

Mar Loredo concluía: “el acuerdo aprobado el día de hoy -2 de marzo- brinda certeza jurídica al supuesto en que el servidor público quede separado de su encargo, toda vez que se establece que el Congreso del Estado se avocará de inmediato a la designación de quien deba sustituirlo en los términos de la normatividad aplicable”.

Y cerraba la información oficial: “Con esta decisión, el Congreso del Estado de Tamaulipas cumple a cabalidad las disposiciones en materia de desafuero, con el propósito que no exista espacio de incertidumbre que pueda afectar el normal y correcto desarrollo de los poderes públicos del estado”.

Ahí ya casi hablaban de “muera el rey, viva el rey”. Porque parecía casi un hecho que lo que Morena aprobara en San Lázaro en automático se replicaría en la 64 legislatura.

Como la homologación de las reformas constitucionales que hace el Congreso de la Unión la más reciente con la 4T la Reforma Educativa -contrarreforma de la de Peña Nieto- donde los congresos estatales no pueden votar por el no, ni por hacer cambios, solo pueden votar por el sí.

Con esto parecía que habría un gobernador sustituto en funciones y que la campaña de Morena en Tamaulipas, estaría hecha, invocando el desafuero. Solo sería cuestión de esperarlo.

Y fue un error. No se sabe si por omisión, desconocimiento, pero a esos niveles, con lo que estaba en juego, parecería imperdonable.

Lo cierto es que el 31 de marzo corregían lo que les habían instruido y la 64 legislatura daba una respuesta efectiva y concreta contra la persecución política iniciada contra FGCV por las acusaciones de Alejandro Rojas Díaz Durán, el dedo chiquito de Ricardo Monreal Ávila.

“La 64 Legislatura, abrogó el Punto de Acuerdo por el cual se establecían las reglas del procedimiento en relación al procedimiento de desafuero del Gobernador de Tamaulipas.

De esta forma, el Congreso local deja sin efectos las reglas para la declaración de procedencia de desafuero en contra del ejecutivo estatal, diputados locales o magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.”

Se realizó la abrogación, ya que dicho acuerdo se malinterpretó y se generó confusión respecto a su contenido y alcance dijo el Diputado Félix García Aguiar y puntualizó que dichos acuerdos, lejos de representar un intento de blindaje institucional representan el cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo, solicitó someter a consideración del Pleno dejar sin efectos los acuerdos y así contribuir a eliminar falsas interpretaciones.

Es decir que si el 30 de abril día en que San Lázaro aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Se hubiese quedado el Punto de Acuerdo de la 64 Legislatura del día 2 de marzo que proponía homologar el desafuero con San Lázaro.

¿El Congreso del Estado hubiese podido el mismo 30 de abril por la tarde noche votar por el fuero del Gobernador de Tamaulipas en oposición a San Lázaro? O simplemente hubiesen tenido que acatar y morder la manzana envenenada que con moño presidencial les era enviada, si no hubiesen abrogado el punto de acuerdo.

LA NOMENCLATURA

¿FANTASÍAS DE PODER CON EL “SUSTITUTO” DEL DESAFUERO?

¿Fantasías de poder con el “sustituto” del desafuero? ¿A cuántos dejo con proyectos caídos por no haber gobernador sustituto? El 6 de junio, dependiendo de los resultados se “plancha” la sucesión estatal del 2022.

La ley estatal electoral dice que el próximo gobernador de Tamaulipas que se elegirá en 2022, es por dos años.

En Baja California Norte por Morena Jaime Bonilla compitió en una elección para gobernador de 2 años, quiso que el Congreso del Estado le cambiara la ley y lo aumentara a 6 años. Este año deja el poder, no se le hizo.

No falta mucho para ver cómo queda conformado el mapa político electoral de Tamaulipas. La 64 legislatura estaría ante la disyuntiva de prender la “vaporera” para una reforma electoral estatal que diga si el gobernador que se elige en 2022 será de 6 años.

EL CACHORRO Y LA 65 LEGISLATURA

Va en el lugar número uno de la lista pluri. Luis René “Cachorro” Cantú Galván va a ser diputado local en la 65 legislatura que se elige el 6 de junio. Y para que el fuero permanezca necesita el PAN seguir pintando de azul la legislatura.

“En Tamaulipas, nuestro Congreso, ya resolvió que no se procederá en contra del Gobernador. Los delitos por los que se le acusa son infundados, parte de una vil persecución política del Poder Central. No se le quitará el fuero de ninguna manera. Y es verdad, aunque les duela a muchos necios, tendremos gobernador para rato”: “Cachorro” Cantú dirigente estatal del PAN.

EL PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO

El Poder Legislativo local en acatamiento del artículo 111 constitucional, en ejercicio pleno de su autonomía, procedió como consideró que correspondía. Decidió no retirar ‘la protección o inmunidad procesal penal’ al gobernador estatal a quien se le imputa la probable comisión de un delito federal. Por el momento, determinó que no se pusiera a disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”. El gobernador de Tamaulipas no ha sido separado de su cargo, mantiene la protección constitucional que le brindan las constituciones federal y local y no puede ser sujeto de ningún procedimiento de naturaleza penal. Esto es, ninguna autoridad ministerial o judicial puede generar actos de molestia o privativos en su contra que obstaculicen el desarrollo de sus facultades constitucionales. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho valer la supremacía de la Carta Magna y el arreglo federal que las y los mexicanos hemos pactado.

Columnista de HOYTamaulipas