Monterrey, NL., (Agencia Informativa de México).- El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se manifestó dispuesto a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), respecto a presuntos delitos hacendarios cometidos por él y su familia.

El aspirante naranja fijó su postura, luego de que la FGR anunció la apertura de carpetas de investigación contra los candidatos a la gubernatura, Adrián de la Garza Santos, de la coalición PRI-PRD y el propio Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, por la comisión de delitos electorales, en el caso del primero e ilícitos hacendarios, en el segundo.

“Reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra: el día que una autoridad competente me requiera, voy a presentarme para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar”, sostuvo.

Aseguró que “no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”.

“Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ánimo, la vieja política ya se va”, puntualizó.

De acuerdo a la FGR, la indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, es en contra de Samuel “G”, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel “G”; de su esposa Mariana “R”; y del padre de ésta, Jorge “R”.

Ello, precisó, “por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”.

Todo lo anterior, subrayó la dependencia federal, “se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”.