Washington, D.C., (Agencia Informativa de México).- La destitución, que aprobó la asamblea Legislativa salvadoreña contra de los magistrado  de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General, Raúl Melara, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones, fueron rechazadas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“La Secretaría General entiende que es imprescindible en esta coyuntura dar continuidad a los trabajos iniciados por la Misión Especial presidida por Santiago Cantón en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana -invocando el artículo 17 de la misma-, conforme a lo solicitado por el Poder Ejecutivo y la anterior legislatura salvadoreña”, señalaron en un comunicado.

Señalaron que las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Misión son de extrema validez y constituyen orientaciones necesarias en el contexto actual de crisis, además informaron los trabajos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), especialmente las investigaciones en curso que la misma realiza en el marco de la lucha contra la corrupción, deben continuar y ser profundizadas.

Aseguraron que en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho.

“El régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”, puntualizaron.

En el comunicado reiteraron que es esencial el pleno respeto al estado de derecho democrático, y que las mayorías parlamentarias y la acción de Gobierno deben fortalecerlo permanentemente con diálogo político para el mejor funcionamiento de la democracia.

“Las acciones que lleven a su erosión y a la cooptación del Poder Judicial solamente conducen a una sociedad injusta, basada en la impunidad y en la persecución política”, subrayaron.

Y es que desde el pasado 9 de febrero, el Gobierno de El Salvador presidido por Nayib Bukele Ortez, a través su Ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill Tinoco, remitió a la OEA una nota diplomática con el fin de que, en el marco del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, se envíe una Misión Especial para efectos de evaluar la situación que vive el país y contribuir a preservar la institucionalidad democrática salvadoreña.

También la OEA recibió una nota de la Asamblea Legislativa de El Salvador en la cuál, considerando la situación política del país, solicita la presencia de una Misión Especial.

Se envió de una Misión Especial presidida por Santiago Canton, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de evaluar en el territorio la situación político-institucional salvadoreña y contribuya en la preservación y fortalecimiento del Estado de derecho del país.