Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas pedirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) federal que conceda estímulos fiscales para las compañías automotrices que en México produzcan vehículos eléctricos.

El diputado local Javier Garza de Coss, dijo que se trata de una iniciativa del tipo ecológico, planteada por la fracción legislativa del Partido Acción Nacional (PAN),  relacionada con el tema del cambio climático y la contaminación del aire.

La iniciativa pretende exhortar a las Secretarías de Hacienda, a la de Economía, a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que establezcan estímulos fiscales para la producción y comercialización de vehículos eléctricos e híbridos.

“Todos tenemos derecho a un ambiente sano, lo cierto es que eso resulta prácticamente imposible en razón del cúmulo de partículas contaminantes que se encuentran en la atmósfera originadas por diversos agentes”, señaló el legislador.

Garza de Coss sostuvo que sin embargo la industria, el parque vehicular y la basura, entre otros, contaminan el aire de manera grave.

“Lo que señala ONU hábitat por un  mejor futuro urbano es que las ciudades  mexicanas padecen serios problemas de contaminación ambiental, y el sector transporte es una de las principales causas con el 20 por ciento de la emisión de Gases de Efecto Invernadero”, refirió.

Garza de Coss, dijo que se deben conceder estímulos fiscales a las armadoras de vehículos establecidas en el país, “para que empiecen a fabricar autos eléctricos o híbridos en razón de los grandes beneficios que estos  proporcionan para el cuidado del medio ambiente”.

El diputado dijo que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en México 14 mil 700 personas, a causa de enfermedades asociadas a la contaminación del aire.

“Y es que los congestionamientos viales en las principales arterias que comunican los centros urbanos, conllevan a un deterioro de la calidad del aire y por ende, de la salud de la población”, concluyó.

Actualmente la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación del Congreso para su análisis.