Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En una democracia de leyes, la fabricación de delitos contra adversarios es simplemente inadmisible. Una traición a la confianza de la gente, señaló el gobernador de Tamaulipas al compartir su postura tras ser notificado sobre la solicitud de procedencia por parte de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

A través de redes sociales, el mandatario tamaulipeco, mencionó que los hechos que motivan la solicitud para el desafuero son por un supuesto pago de contribuciones fiscales, derivadas de la venta de un departamento, cuya propiedad se reportó en sus declaraciones patrimoniales al igual que las de su esposa a finales del 2019.

En lo que respecta a la imputación del lavado de dinero, dijo que, proviene de que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, “mientras que la presunta comisión de delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de mi familia”.

Dijo que todas estas acusaciones serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos, pues  desde las primeras filtraciones sobre supuestas investigaciones en su contra o de su familia, solicitó comparecer para responder a cada una de las imputaciones realizadas por los denunciantes. “En ningún momento se me concedió ese derecho, como sí ha sucedido en otros casos”.

Puntualizó que extrañamente, en la solicitud presentada por el Ministerio Público se insertan suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las conclusiones que, para efectos de desafuero se someten a consideración de la Cámara de Diputados.

Asimismo, la solicitud no comprende un solo elemento o evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso esté relacionada o proceda de la actuación de agencias de Estados Unidos.

“A diferencia de lo que se ha especulado, en ningún momento se me imputan delitos relacionados con contrabandos de combustibles (huachicol), narcotráfico, colaboración con el crimen organizado o cualquier otro similar o equivalente”.

García Cabeza de Vaca reiteró su disposición a aclarar en el marco de la Ley y del debido proceso, las sospechas que se han sembrado en su contra, con propósitos políticos y electorales.

Por su parte, el abogado del gobernador de Tamaulipas, Alonso Aguilar, manifestó sobre el intento de desafuero que después de leer a detalle la solicitud donde se precisan los delitos para que el mandatario sea removido de su cargo “para mí era muy importante revisar la notificación porque nunca he defendió personas relacionadas con delincuencia organizada, violencia, etcétera, etcétera.”

“Quiero dejar muy claro que estoy defendiendo este asunto porque no está relacionado a la delincuencia organizada, vinculada a actos de violencia, delitos contra la salud, trata de personas, etcétera; y efectivamente la materia de la acusación efectuada por la Fiscalía General de la República, es el cuestionamiento de unos depósitos que recibió el gobernador en su cuenta personal de cheques en el año del 2019 que la Fiscalía cuestiona el origen y el destino que a esos recursos se les dio, estimando que como consecuencia de ello se pueden actualizar las conductas de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal ”, señaló el abogado.

Dijo que por el momento está valorando las acusaciones y en su momento se aportarán pruebas y eventualmente formularán alegatos por escrito a la Cámara para acreditar que ese dinero tuvo como origen la venta de ese departamento del cual era copropietarios el señor gobernador y su esposa, porque ya lo vendieron.

Puntualizó Alonso Aguilar que acreditará que pagaron el impuesto respectivo y que cumplieron con toda la normatividad necesaria para que fuera una operación transparente, “para ello también está la presencia de un notario público, que recaba toda la información para ver el origen de los recursos que originaron esa operación de compraventa".