Ciudad de México, (Agencia Informativa de México).- El ex Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán y ex director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo fue inhabilitado por diez años tras haber omitido en sus declaraciones patrimoniales cuentas bancarias por más de 18 millones de pesos.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Castillo, quien fue funcionario durante la administración Enrique Peña Nieto.

La sanción, que le fue notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.

La secretaria Sandoval Ballesteros manifestó que “la nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”.

Resaltó que la Secretaría de la Función Pública tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de la persona sancionada en sus declaraciones presentadas ante esta dependencia.

Durante su estancia en Michoacán, Alfredo Castillo fue llamado “el Virrey” debido a las atribuciones que se le dieron para negociar con los grupos de autodefensa.