El ambiente y la realidad de nuestro país siguen siendo de incertidumbre ante condiciones que se ponderan como sumamente difíciles y que se agravan por la crisis sanitaria atribuida al COVID-19 y sus consecuencias económicas.

Ese es hoy el panorama que las personas sentimos y vivimos, angustiadas, por los problemas sociales derivados de la pandemia, pues a la vulnerabilidad de la incertidumbre sanitaria se ha sumado la pérdida de empleos, la disminución de los ingresos y la agudización de las desigualdades. Es a todas luces una realidad que todos estamos padeciendo y que sería absurdo tratar de negar.

En ese estado de las cosas, en el que abundan las historias de tragedias que viven muchas familias por los motivos señalados, todo indica que en la arena política no hay cabida para priorizar estos temas, puesto que el quehacer político se ha convertido en una suerte de espectáculo con una secuencia de declaraciones, sucesos, polarización y temas que restan importancia a la discusión y búsqueda de soluciones prácticas y necesarias para los problemas que son urgentes para la población.

Ese entorno se refleja en el Paquete Económico presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión para el próximo año, que incluye un Presupuesto de Egresos aprobado en lo general, que no responde al tsunami de salud, económico y de derechos humanos que exige el momento actual.

La parte más grave, de acuerdo con las cifras oficiales, está en las expectativas de crecimiento. Los Criterios Generales de Política Económica para 2020 señalan un PIB de -8% para 2020, un rebote de 4.6% en 2021 y un promedio de 2.5% para el periodo 2022-2024, mientras que el promedio de los agentes del mercado proyecta un desplome de -10% en 2020 y al menos un PIB de 2% en 2021, lo que implicará menos empleo, menos bienestar y mayor marginación y pobreza.

Sin embargo, lo más lamentable del Presupuesto de Egresos no es su poco realismo en cuanto a las metas macroeconómicas que se han planteado con estimaciones muy optimistas y lejanas a las posibilidades reales de concreción, sino que este no responde, como constitucionalmente debería ser, a criterios humanos y a las necesidades serias y urgentes de la gente.

En su lugar, las prioridades para el gobierno federal las ocupan sus obras y programas asistenciales, cuyo impacto está lejos de atender de manera efectiva la realidad de los sectores tradicionalmente más desprotegidos y tampoco a los nuevos desempleados, cuya pérdida de ingresos los coloca en el umbral de la pobreza.

Al respecto, la crisis económica por la pandemia del COVID-19 provocó que 61% de la población viva en pobreza laboral, que significa que 76 millones 833 mil personas en México no tengan los recursos suficientes para comer bien, pese a que alguno de los integrantes de la familia tiene un empleo remunerado.

Con ese marco, las familias mexicanas requerían de un presupuesto real, alejado de las ocurrencias, con la reorientación del gasto hacia rubros más apremiantes que coadyuven a reactivar la economía del país y contribuyan a mitigar las condiciones de precariedad de quienes han sido los más golpeados por las emergencias sanitaria y económica.

Preocupa que, a pesar de las críticas y sugerencias internas y externas, no existen visos de postergar las obras faraónicas y destinar los recursos donde más impacto social verdadero pueden generar, es decir, a los nuevos pobres producto del confinamiento por la pandemia del COVID-19 que han provocado la pérdida de fuentes de trabajo, y aquellos que se han sumado a la informalidad debido a la caída de la economía nacional y que por esa condición carecen de la seguridad social.

Esta es una realidad que no se encuentra en el presupuesto ni tampoco se observa el planteamiento de respuestas a las urgencias más apremiantes de la población cuyo nivel de bienestar está vinculado a la escasez de trabajo o a un ingreso cada vez más precario, que en no pocos casos ha orillado a los hijos de un importante número de familias a dejar sus estudios e insertarse en cualquier fuente trabajo para aportar un salario a la economía familiar, como complemento para su sobrevivencia.

En ese contexto, lo único que nos queda a la ciudadanía es seguir exigiendo que nuestros impuestos se orienten a paliar la necesidad urgente del país y que no sean utilizados para complacer los deseos de poder.

El gran desafío que como sociedad enfrentamos es convertir el momento actual en un escenario de oportunidades, de crear puentes entre los distintos sectores para construir verdaderas redes de solidaridad y de buscar puntos de coincidencias para soluciones comunes.

El objetivo deberá ser el de generar sinergias que tengan como prioridad contar con una visión real de nuestro contexto actual, lo cual es fundamental para crear una concepción de futuro de país en beneficio de las familias mexicanas.

@Alberto_Rivera2

Alberto Rivera

Construyo procesos de comunicación siendo y haciendo cosas diferentes, provocando emociones y moviendo conciencias hacia la participación social y política.

Ayudo a potenciar marcas de proyectos políticos y gubernamentales a través del descubrimiento de insights, arquetipos de marca y estrategias de comunicación política.

Soy consultor, catedrático y speaker en Estrategias de Campaña Política y de Gobierno. Director General de Visión Global Estrategias.

Soy originario de Tampico, Tamaulipas y cuento con una Maestría en Educación, Maestría en Política y Gobierno y Doctorado en Filosofía; además de tener diversas especializaciones en Comunicación Política, Consultoría Política e Imagen.