Ciudad de México, (Agencia Informativa de México).- El 63.2% de las víctimas de delitos en todo el país prefieren no denunciar, por causas atribuibles a la autoridad, como la extorsión por parte de policías ministeriales, así como desconfianza y una actitud hostil de los mismos al momento de abrir una carpeta de investigación, provocando con ello que el crimen actúe con mayor libertad y siga robusteciéndose.

Así lo advirtió Alejandro Desfassiaux, Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI) quien refirió que en el último informe “Hallazgos 2019” de México Evalúa, se centró en la baja confianza ciudadana sobre los operadores del sistema de justicia como policías ministeriales, investigadores, fiscales, agentes del Ministerio Público, peritos, asesores jurídicos, jueces y defensores, encontrando que el 92.4% de los delitos en el país, quedan en total impunidad.

De acuerdo con el mismo documento dijo, las entidades con los niveles más altos de impunidad son Sinaloa (99%), Guerrero (98.4%), San Luis Potosí (97.8%) y Ciudad de México (97.7%).

“Esto resulta ser más que inaceptable, puesto que de los 33 millones de delitos que reporta anualmente el INEGI, solo el 7.6% se castiga, es decir, unos 2,508,000 casos”, manifestó el experto en seguridad.

Mientras todo esto sucede, y también con datos proporcionados por la misma dependencia, de cada 10 actos de extorsión cometidos en el país, sólo se denuncia uno, siendo el sector empresarial y el del comercio los que presentan mayor afectación.

De enero a octubre de 2020 se han registrado 17,961 casos de fraude y extorsión, un número que está ya cercano a los 22,405 reportes del 2019.

Es plausible que recientemente la Cámara de Diputados aprobó reformas para incorporar la extorsión al catálogo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además de endurecer las sanciones cuando dicho delito sea cometido con violencia física, psicológica o moral, así como cuando la víctima sea menor de 18 años, mayor de 60 o tenga alguna discapacidad, pero aun así resulta insuficiente si la gente no confía y no denuncia, aseguró Desfassiaux.

Cabe hacer mención que cifras del Centro Nacional de Información han determinado que los montos obtenidos por las células criminales dedicadas a la extorsión y el cobro por derecho de piso, pueden alcanzar los 12 mil millones de pesos al año, razón por la cual el crimen organizado ha intentado hacer de este delito un bastión importante para mantener activas sus operaciones durante el periodo de la emergencia sanitaria, enfatizó el Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.