Reynosa, Tamaulipas. - La consulta pública que la Suprema Corte de Justicia aprobó el jueves no se trata de enjuiciar a ex presidentes de México, sino de realizar una investigación sobre presuntos delitos que estos hayan cometido, aclaró el presidente de la Asociación de Abogados de Reynosa, Martin Luna Domínguez.

Precisó que la consulta no será para "enjuiciar" a los ex presidentes porque se estarían violando sus derechos humanos y procesales, así como la presunción de inocencia, además consideró que se trataría de un proceso largo, porque no es una acusación sumaria la que se pretende hacer.

De ahí que dijo que la pregunta que se formulará en la consulta debe ser muy precisa, “no puede decir para enjuiciar porque entonces se estarían violando los derechos humanos. “¿Cómo me vas a decir que enjuicie si todavía no hay los estados procesales que todo procedimiento penal reclama?”.

El jurista Silva Domínguez, dijo que además habría que analizar qué tipo de delitos se les pudieran atribuir a los ex mandatarios y saber si estos no están prescritos o si cuentan con elementos para ser procesados.

“Y al reunirse algún tipo de conductas que la Ley considere como delito, entonces, la Procuraduría (Fiscalía) podría ejercitar acción penal ante un juez de proceso, quien determinaría nuevamente, analizaría los hechos y ver si los vincula o no a proceso. O sea, es un procedimiento largo, no es una acusación sumaria la que se trata de hacer”, comentó.

Mencionó que la consulta que el actual gobierno pretende realizar es un "bloof".

“Siento que esa consulta era para darle un poquito más de bloof. No necesitaría ninguna consulta, porque la Fiscalía podría decir: “A ver, esto, esto, esto, aquí hay elementos y lo proceso”. Porque la Constitución no prevé la inmunidad a ningún presidente. Era una “inmunidad” tipo letra no escrita, pero muy respetada”, comentó.

Finalmente dijo que en caso de acreditarse alguna responsabilidad contra los exmandatarios pudiera ser por delitos patrimoniales o de lesa humanidad, que son los que no prescriben y en los cuales si la Fiscalía reúne las suficientes pruebas sí podrían llevarlos a juicio.

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