Lima, (Notimex).- El gobierno nacional de Perú, junto con los regionales y locales, deben evitar que el transporte urbano, interurbano e interprovincial se conviertan en el nuevo foco de propagación del COVID-19, subrayó hoy la Defensoría del Pueblo.

Además, el organismo defensor llamó a impedir que aumente el uso de colectivos en zonas con otras alternativas vehiculares. Las autoridades deben disponer el uso de vehículos de mayor tamaño, como los buses, para que presten estos servicios y permitan la distancia mínima entre los pasajeros, señaló.

“El problema del transporte público requiere medidas que permitan superar las condiciones de hacinamiento actualmente existentes en diversos medios de transporte terrestre, de esta manera se evitará que el transporte público sea un foco de contagio”, argumentó.

Perú es uno de los países más afectados del continente americano por la pandemia de coronavirus, debido a que concentra 155 mil 671 contagios confirmados, además de que cuatro mil 371 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad, según cifras del Ministerio de Salud.

La Defensoría expresó preocupación por la autorización al transporte en autos colectivos en todas las regiones del país, con excepción de Lima y Callao, sin distinción de rutas ni lugares donde ya existe oferta de transporte público con vehículos adecuados para la protección de la salud pública y la seguridad vial.

Esta decisión oficial, consideró, podría generar una mayor congestión en diversas ciudades, además de otros problemas ambientales, sociales y económicos.

“Si las normas nacionales o locales permiten que las personas se movilicen sin la distancia mínima necesaria, aumentará rápidamente la propagación del coronavirus, empeorando la situación actual de más de 155 mil casos confirmados de COVID-19 en el país, especialmente en un escenario de reanudación progresiva de las actividades, con más trabajadores movilizándose a sus centros de labores”, subrayó la Defensoría.

“La norma, que propone un régimen temporal de cuatro años a fin de habilitar la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros interprovincial e interregional con automóviles de hasta ocho pasajeros, no considera restricciones para las regiones, provincias, ciudades o rutas donde ya existe el servicio de transporte con unidades de mayor tamaño”.

La Defensoría recordó que recientemente solicitó la ampliación de la flota vehicular activa en el país para prestar el servicio de transporte público, así como la racionalización del uso de vías públicas para dar preferencia a vehículos del transporte público, el incremento de rutas y subsidios o incentivos que promuevan esta ampliación de la flota.