Washington, (Notimex).- La jerarquía católica de Carolina del Norte y la cristiana de Nueva Inglaterra, entre otras, decidieron mantener cerradas las iglesias de sus respectivos templos para evitar los contagios de COVID-19 entre los miembros de su comunidad.

Tras la orden del presidente Donald Trump para reabrir los servicios eclesiásticos, algunos gobernadores o los propios miembros de las iglesias y centros religiosos mantienen la cautela, y han preferido esperar a que sus estados muestren un descenso considerable de casos activos de coronavirus.

Algunos de los episcopados locales han emitido sus posicionamientos respecto a la orden, como es el caso de Carolina del Norte, que ha preferido no reabrir los centros, informó el sitio North Carolina Health News.

Esta decisión incluso desoye la dictaminación de un juez estatal que ya ofreció la opción de permitir reuniones con menos asistentes de los regulares, pero los líderes de la mayoría de las iglesias en el estado, entre las que se cuentan las católicas, han preferido continuar ofreciendo misas por videoconferencia.

En Nebraska, donde oficialmente fue concedido el permiso por el estado, las iglesias reciben a pocos de sus miembros, pues la mayoría de los fieles han optado por seguir las transmisiones en vivo, informó Lincoln Journal Star.

Por su parte la iglesia católica de Maine ya ha comunicado que sus centros reabrirán hasta el primero de junio, pero estarán limitadas de acuerdo con la capacidad de los propios espacios.

En Illinois el gobernador JB Pritzker prefirió mantener las órdenes de quedarse en casa y estipuló que el máximo de asistentes sea de 10 personas, mientras las comunidades religiosas han llamado a sus fieles a asistir a misa con no más de 50 asistentes y los jerarcas religiosos han afirmado que se tomarán las medidas necesarias para proteger a sus fieles.

Las órdenes de reapertura de las iglesias, mezquitas o sinagogas no pueden ser dictadas por el presidente, pues en los estados las estipulaciones de los gobernadores tienen mayor peso, aunque el fiscal general William Barr aseguró que de impedir los servicios presenciales atentaría contra la libertad de religiosa.