Rabat (Notimex).- El periodista y defensor de derechos humanos marroquí, Omar Radi, deberá pagar una multa de 500 dirhams, equivalente a 52 dólares, además de enfrentar una suspensión de sentencia durante cuatro meses por expresar en Twitter su opinión sobre las penas dictadas en Marruecos a otros activistas.

El fallo del tribunal marroquí fue presentado como consecuencia de un mensaje publicado por Radi en abril de 2019, cuando en sus redes sociales lamentó que la justicia de Marruecos diera penas de entre uno y 20 años a miembros del movimiento popular Hirak Rif, tras los episodios de protesta suscitados en 2016 y 2017 en la provincia de Al Hoceima.

Según la cadena de noticias Al Jazeera, el periodista de 33 años destacó ante medios de comunicación que no cometió delito alguno al expresar su opinión por lo que apelará la decisión del tribunal.

Mientras tanto, quienes le acusan de insultar al juez que llevó el caso de los activistas de Hirak Rif, Lahcen Tolfi, denunciaron que el tuit de Radi se dirigió directamente a Tolfi y no al poder judicial, añadiendo que su intención fue insultarlo. La defensa del periodista negó las acusaciones.

En abril de 2019, Radi tuiteó, "recordemos a todos al juez de apelaciones Lahcen Tolfi, el ejecutor de nuestros hermanos" y añadió que "en muchos regímenes, pequeños secuaces como él regresan mendigando, más tarde, alegando que solo estaban 'cumpliendo órdenes'. ¡Sin olvidar ni perdonar a funcionarios tan indignos!”.

Dicho mensaje le costó, primero, ser arrestado el 26 de diciembre del año pasado, donde pasó cinco días hasta que se le dictó libertad provisional el 31 de diciembre. Posteriormente, inició el juicio en su contra sobre el cual se resolvió hoy el pago de la multa.

La organización Amnistía Internacional citada por Morocco World News lamentó la pena dictada a Radi y comentó que el periodista jamás debió ser juzgado por expresar su opinión en sus cuentas personales de redes sociales.

Según Al Jazeera, la corte de Marruecos ha sentenciado a decenas de personas en los últimos meses por supuestamente insultar a instituciones públicas y funcionarios, así como por incitar a la protesta, de acuerdo con los testimonios recabados de activistas defensores de derechos humanos en el país.