Comité Anticorrupción pide informe de estado procesal del caso Odebrecht
México,(Notimex).- Por unanimidad, los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción acordaron solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre el estado procesal que guarda el caso Odebrecht.
Con el voto concurrente de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, el comité pidió conocer si sigue abierta la indagatoria, ¿cuál es el tiempo aproximado para concluirla? o bien, en caso de que ésta se cierre, se deberá informar de manera puntual el trámite legal que se dio a la investigación.
Durante la primera sesión Ordinaria del Comité, el titular del Instituto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, recordó el año pasado recibieron 200 solicitudes de acceso a la información relacionadas con ese tema, mismas que derivaron en más de 15 recursos de revisión.
En torno a las auditorías, detalló que “unas cinco o seis (están) relacionadas con Odebrecht, sobre contratos y convenios”.
A su vez, la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, indicó que si bien no hay plazos (para cerrar el caso), la ley los faculta para poder realizar el exhorto correspondiente a fin de allegarse de toda la información sobre este asunto.
Previo a la votación, la titular de la Función Pública, Arely Gómez González, anunció su voto a favor de la propuesta, pero con voto concurrente, conforme lo contempla el Artículo segundo, fracción XI de los Lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador, aprobados en la Tercera Sesión Ordinaria de este Comité.
“Este voto concurrente, que solicito se incluya íntegro en el acta de esta sesión, tiene el objetivo de señalar que, desde la SFP, consideramos que la figura del exhorto debe ser una medida de última instancia que se apegue a los principios de legalidad y objetividad contemplados en el Artículo quinto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, anotó.
Lo anterior se explica, añadió, en razón de que el exhorto, como cualquier acto de autoridad, requiere de una motivación y fundamentación que permita dar certeza jurídica de las razones que nos llevaron a tomar esta decisión.
La funcionaria federal puntualizó que su voto sería a favor, “en el entendido de que es deseable que la sociedad cuente con la información sobre el estado procesal del caso en comento, pero concurrente en tanto que es importante señalar las circunstancias de fondo y forma con las que no coincido”.
Para tal efecto, solicitó que el Comité Coordinador modifique las anomalías de carácter formal para dar certeza y legalidad al exhorto que emita el órgano colegiado.
En el evento, también se entregaron los insumos para la elaboración de la política nacional anticorrupción, la cual, a decir de la secretaria de la Función Pública, no debe ser elaborada “al vapor”.
Los documentos son: Perspectiva de política pública de designación de titulares de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades; Análisis del modelo de la Plataforma Digital Nacional y Programa rector de Capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Les solicito considerarlos como insumos institucionales para la deliberación, al interior del Comité de Participación Ciudadana, en la propuesta que están desarrollando y, en su momento, para la deliberación que realice este Comité Coordinador”, acotó.
Arely Gómez hizo hincapié en que la política nacional de combate a la corrupción “no puede y no debe elaborarse al vapor. Es un compromiso al que debemos dar cumplimiento y en el que debemos trabajar con la atención necesaria a cada uno de los componentes que la conformarán”.
Por el contrario, su diseño representa una oportunidad histórica para fijar las bases que en adelante orientarán las estrategias que se implementarán en todo país para enfrentar el problema de la corrupción.
En este marco, dijo que “no debe sorprender que el Congreso de la Unión haya concedido a este Comité Coordinador la facultad de aprobar, diseñar y promover la política nacional en la materia”, lo cual “no está sujeto a condiciones discrecionales, sino que, por el contrario, constituye un imperativo para dar viabilidad a los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción”.
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