Continuando con mis aportaciones sobre Desigualdad Social y Educativa, hoy resumiré el excelente reportaje se publicó este domingo por el Diario Español El País (Ignacio Farisa. 25/06/2017. El País).

México tiene el segundo sistema fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos corrige la desigualdad. 

Cabría pensar que, al medirse con las mayores potencias económicas del mundo, su posición natural debería ser esa. Pero si se compara con otros pares latinoamericanos, su posición también deja mucho que desear: iguala menos que Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, todos ellos países equiparables por renta per cápita. 

La razón principal es el tamaño del Estado, “de los más pequeños de la región”, destaca Hugo Beteta, jefe de la CEPAL (el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico de América Latina) en México. El gasto social argentino o brasileño, sin ir más lejos, es prácticamente el doble que el mexicano.

Cuatro multimillonarios mexicanos tienen tanto como el 50% de la población más pobre del país; el 10% controla más de las dos terceras partes de la riqueza nacional y el 1% acumula un tercio del total. 

Solo en la última década, en la que la economía ha crecido a un ritmo ligeramente superior al 2% anual, la riqueza privada mexicana se ha expandido a un ritmo del 8%. 

“México es un país con muchos recursos; tiene riqueza de sobra para evitar situaciones de pobreza que hoy se ven. No es presentable”, resume el economista Carlos Tello, ex secretario de Programación y Presupuesto en el Gobierno del priísta José López Portillo.

La distorsión fiscal –medida como el desincentivo al trabajo si se suben los impuestos por empleado– es la segunda más baja de toda las economías desarrolladas, lo que sugiere que hay mucho margen para aumentar la carga tributaria. 

Pero ni siquiera la izquierda, a quien le correspondería elevar la voz sobre la justicia social y la necesidad de generar más recursos fiscales, subraya Tello, se ha posicionado nítidamente a favor. 

En su mayoría, los impuestos sí son progresivos, pero demasiado escasos para financiar el gasto social que sería necesario. Y en el gasto es donde está el mayor problema: está sesgado en contra de la población con menos recursos y beneficia al 20% de la población más acaudalada, la que menos lo necesita”.

En 1960, el Gobierno de Adolfo López Mateos contrató al economista húngaro-británico Nicholas Kaldor, uno de los más destacados de su tiempo, para que emitiera un veredicto sobre el sistema fiscal mexicano. 

Sus conclusiones podrían reducirse a cuatro: el sistema tributario era ineficiente, generaba una recaudación baja —lo que limitaba el gasto social—, mantenía muchos subsidios y, en suma, era injusto. 

Casi seis décadas después, pese a los avances, todos estos problemas —y muy especialmente el último— siguen tan vivos como entonces.

RECOMENDACIONES DE EXPERTOS:

-Reasignar los subsidios educativos, centrando la atención en la educación media superior (la preparatoria) y reduciendo los recursos que se destinan a actividades extraacadémicas en las universidades. “Es una cuestión difícil de manejar políticamente, pero muy necesaria”, subraya Enrique de la Torre, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

-Universalizar la seguridad social. Para lograrlo, habría que aumentar los recursos fiscales en aproximadamente un 5%.

-Construir un padrón de beneficiarios de transferencias públicas para identificar la situación de cada persona o familia. “Se da una multiplicidad de los programas sociales en los que se gastan muchos recursos y que no están alineados con el objetivo de reducir la desigualdad”, destaca De la Torre.

-Rebajar el límite de extensión para recibir subsidios al campo. En la actualidad, los terratenientes con terrenos mayores de 100 hectáreas no pueden recibir estas ayudas. Los especialistas abogan por reducirlo a 50.

-Eliminar los subsidios a la energía eléctrica o vincular su entrega al programa de inclusión social Prospera.

-Revisar el sistema de pensiones para que los que reciben prestaciones más altas no sumen subsidios.

-Promover la formalidad como herramienta para aumentar los ingresos fiscales. “Es uno de los puntos clave”, subraya Moramay López-Alonso, de la Universidad de Rice. “Hasta que no se logre, los ingresos fiscales seguirán siendo bajos”.

-Revisar las exenciones de IVA y estudiar un aumento del tipo general y del impuesto sobre sociedades.

-Poner en marcha un impuesto sobre las herencias y sobre la riqueza. ”En México, el problema de la desigualdad es más de riqueza que de ingresos”, incide Hugo Beteta, de la CEPAL.

-Subir el impuesto catastral o predial para aumentar la recaudación de Estados y municipios (Fin de cita de El País).

Si a estos argumentos le agregamos la onda de inseguridad, desempleo, empleo informal, pérdida de poder adquisitivo, migración, corrupción, demagogia política, entre muchos otros pasivos de México, podríamos concluir que es requisito dos grandes cosas: 

1. Cambio del sistema político y electoral reformando de fondo la partidocracia, el subsidio a los partidos e impulso a las candidaturas independientes, el referendum y la segunda vuelta electoral.
2. Revisión a fondo del modelo económico neoliberal que beneficia a los grandes grupos enpresariales mexicanos y multinacionales extranjeras; y reformas integrales del empleo formal privilegiado la capacitación y productividad y recuperación del empresariado mexicano pymes. 

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.