La Ley de Ingresos y Presupuesto de egresos de la Federación 2017, que propone un recorte presupuestario del orden de los 239 mil millones de pesos, ha generado inconformidades de algunos gobernantes locales y empresarios de la Concamin, entre otros actores.

Algunos de los criterios que tienen molestos a los gobernadores y al Jefe de gobierno de la CDMX, son los recortes a los Fondos Metropolitanos estatales y el Fondo de Capitalidad en la capital del país.

En el caso de los cuestionamientos de organismos empresariales, la crítica se centra en que los recortes propuestos afecta a sectores productivos que generan valor agregado en la economía, como es el caso de recortes a obras de infraestructura básica.

Una de las principales críticas al presupuesto, se centra en la falta de seriedad y solidaridad del gobierno federal, que no ajusta en nada los llamados salarios máximos de los servidores públicos de nivel medio a superior.

Asimismo, ha sido recurrente la crítica hacia la suntuosa llamada obra del sexenio, que se constituye en el nuevo aeropuerto de la CDMX, que a todas luces esta sobrada y exagerada, además que ha sido muy cuestionados los concursos asignados que ganan los mismos contratistas, ahora señalada la asociación que se dio entre la empresa Higa con la constructora de Carlos Slim, que muestra el grado de corrupción que sigue imperando entre los grupos de poder.

En el caso del Fondo de la Capitalidad, se lamentan la bancada del PRD de la Asamblea los recortes de más de 4 mil millones de pesos que literalmente deja en cero el mismo.

Lo más grave de este presupuesto, es que tan sólo entre 2016 y 2017 se prevé un aumento en el gasto no programable, que contiene el costo financiero del sector público, de 146 mil millones de pesos, es decir 12 por ciento en términos reales.

En este paquete nuevamente se propuso un incremento de 5.8 por ciento en términos reales de la deuda pública. Si bien el ritmo de crecimiento de la misma disminuye, ésta sigue creciendo.

Además, debido a la asunción por parte del gobierno federal de las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones de Petróleos Mexicanos por 184 mil mdp y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por aproximadamente 160 mil mdp, está previsto un endeudamiento interno adicional al techo de deuda considerado.

Para contener la deuda pública se requiere que el gobierno federal esté dispuesto a hacer cambios normativos en la regulación sobre la responsabilidad hacendaria a nivel federal. 

Ante el compromiso del presidente para contener el déficit público, se podía esperar que su equipo presentara una propuesta de reforma que definiera un límite explícito de la deuda expresada como proporción del PIB en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), para frenar definitivamente el endeudamiento.

El gasto público debe en todo momento privilegiar la inversión pública en infraestructura y en capital humano y evitar gasto superfluo. 

El presidente indicó que la propuesta de Paquete Económico 2017 tenía que privilegiar la inversión pública. Sin embargo, envió un paquete al Congreso en el que presentó un recorte al gasto federal en infraestructura de más de 35 mil millones de pesos. La mayor afectación está en el programa “Proyectos de construcción de carreteras”, así como en el programa de “Reconstrucción y Conservación de Carreteras”.

También, se propusieron recortes en el ramo de Salud, en particular en los programas “Seguro Popular” y “Atención a la Salud”.

Al mismo tiempo, el paquete propone un aumento en la cuenta de “Servicios Personales” que incluye el gasto para el pago de la nómina de la SEP, la SRE, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. 

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.