La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ocupa el lugar 28 de las 50 mejores universidades e institutos públicos y privados del país, dentro de un rango mayor de hasta 500 instituciones de educación superior, por lo que aparece en un lugar de privilegio.

La lista publicada por America Economía la encabeza por mucho la UNAM, y compiten entre el segundo y tercer lugar muy de cerca el ITESM y el IPN. Después aparecen en orden descendente la UAM, UANL, Universidad de Guadalajara, Colmex, UDLP, U.A. Chapingo y el ITAM. Constituyendo el Top Ten de mejores universidades http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-mexico-2016/

La UAT en solo dos años se superó desde el lugar 47 hasta el 28 actualmente. Cerca de universidades como la BUAP, un lugar abajo de la U. A. Coahuila y encima de la U.A. Querétaro, U. Anáhuac y U. Panamericana. 

Para dar una idea del honroso lugar ocupado por la UAT, en el ranking de las 50 mejores universidades, se sabe que en México 180 universidades e institutos son miembros de la importante Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (Anuies). Significa que las mejores universidades en México son 180 y de ellas la UAT es la número 28 mejor rankeada.

Desigualdad educativa. Después de analizar el ranking de la UAT, citaré aquí parte del informe presentado por la Anuies, referente a los retos de atender la desigualdad educativa por las instituciones de educación superior (Rodolfo Tuirán. Anuies. La educación superior en México 2006-2012. Un balance inicial. 3/10/2012).

Más oportunidades para los jóvenes en desventaja. La expansión reciente de la matrícula de educación superior en México ha hecho cada vez más visible la preocupación por la distribución de las oportunidades educativas y ha colocado en la agenda prioritaria de la política educativa el asunto de la equidad (desigualdad). 

Como se sabe, el sistema educativo no puede crecer más allá de ciertos umbrales sin incorporar a los jóvenes de segmentos de menores ingresos en forma masiva. De hecho, el tránsito hacia la etapa de “masificación” obliga a atender una demanda educativa cada vez más heterogénea.

Los rasgos de estos cambios se han dibujado con nitidez en las últimas dos décadas: ganan presencia en la educación superior los jóvenes de menores ingresos; es creciente la participación de los segmentos medios; y pierde peso relativo los de mayores ingresos. Así, de acuerdo con los datos de las encuestas de ingresos y gastos de los hogares:

• Sólo 10 por ciento de la matrícula de educación superior en 1992 estaba formada por jóvenes en situación de desventaja económica (los pertenecientes a los cuatro primeros deciles de ingreso); los jóvenes de segmentos medios representaban alrededor de 44 por ciento; y los jóvenes de familias acomodadas (las que forman los dos últimos deciles) concentraban 46 por ciento.
• En contraste, el peso relativo de los jóvenes de escasos recursos en la matrícula total aumentó en el año 2010 a poco más de 21 por ciento; el de los jóvenes de segmentos medios a 48 por ciento; y el correspondiente a los jóvenes de las familias más prósperas disminuyó a 31 por ciento.

Esta tendencia seguramente se verá acentuada en los años por venir. Se prevé que alrededor de 31 por ciento de la matrícula total en 2020 podría estar representada por jóvenes de escasos recursos. 

La cambiante composición social de la matrícula y el creciente peso de los jóvenes de escasos recursos en la educación superior constituye un desafío para la política educativa y para todas las instituciones del sector. Por un lado, se requiere desarrollar mecanismos (algunos de ellos de carácter remedial) que permitan apoyar el acceso y permanencia de los jóvenes en situación de desventaja económica que cursan sus estudios en este nivel educativo; y por el otro, es preciso reforzar los programas vocacionales en los niveles previos y adecuar la oferta educativa de tipo superior para atender una demanda crecientemente heterogénea.

En este renglón resulta significativo el papel desempeñado en los años recientes por las instituciones públicas para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes provenientes de los segmentos de menores ingresos (los cuatro primeros deciles). De un total de 800 mil estudiantes de escasos recursos en 2010, la gran mayoría (alrededor de 80 por ciento) estaba adscrita a instituciones públicas. En contraste, en los estratos de mayores ingresos (sobre todo a partir del sexto decil) tiende a disminuir el peso relativo de los que estudian en esas instituciones y aumenta el de quienes lo hacen en las instituciones particulares.

Desconcentración de las oportunidades educativas. Las acentuadas desigualdades regionales en el país han moldeado el acceso a las oportunidades educativas. La instrumentación de políticas educativas con enfoque de equidad favoreció en la última década un intenso proceso de desconcentración de la oferta educativa del nivel superior. 

Asimismo, las oportunidades educativas han traspasado gradualmente las fronteras de los grandes asentamientos urbanos para extenderse a las ciudades de menor tamaño e incluso a los contextos semiurbanos. 

Aunque las brechas territoriales o regionales en materia de cobertura siguen siendo significativas, se han producido en los años recientes avances significativos en este renglón. Recuérdese que mientras en el año 2006 únicamente 7 entidades federativas tenían una cobertura igual o mayor a 30 por ciento, en el 2011 eran 20 entidades las que alcanzaron este umbral. De este conjunto de entidades, el Distrito Federal es la única que en el ciclo 2011-2012 se situaba en la etapa de “universalización”, con poco más de 70 por ciento de cobertura bruta. A su vez, 19 entidades ya habían ingresado y transitaban por la etapa de “masificación”, con niveles de cobertura de entre 31 y 43 por ciento.

Entre las entidades más rezagadas (un total de 12 con una cobertura de menos de 30 por ciento), tres de ellas (Yucatán, San Luis Potosí y Baja California) necesitarían dar un pequeño paso (menos de 2 puntos de cobertura) para ingresar a la etapa de “masificación”; cuatro entidades (Durango, Michoacán, Tlaxcala y el Estado de México) requerían entre 2.5 y 5 puntos adicionales de cobertura para avanzar hacia esa etapa; y cinco entidades más (Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo) precisarían entre 8 y 12 puntos para dar ese salto. En estas últimas entidades es evidente la necesidad de redoblar los esfuerzos de todos los órdenes de gobierno para fortalecer la oferta educativa de nivel superior.

A modo de epílogo. La educación superior en México tiene hoy una significación social, económica y cultural inédita. Los grandes trazos de esta reflexión describen su transformación reciente y prefiguran algunas de sus tendencias futuras. 

Seguramente gran parte del esfuerzo público seguirá orientándose a impulsar el rápido crecimiento de la matrícula; también será necesario destinar importantes recursos para facilitar la inclusión de quienes acceden a la educación superior en condiciones de desventaja social; no menos importantes serán las medidas que tomemos para garantizar que todas las instituciones y programas educativos incorporan mecanismos de aseguramiento de la calidad y estándares cada vez más exigentes. 

Asimismo, el fortalecimiento del posgrado y el impulso de la investigación, más allá de los reducidos centros de excelencia, constituyen algunos otros desafíos en puerta (fin de cita)...

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.