Tampico, Tamaulipas.- En el marco del Día Internacional contra la Violencia Infantil, integrantes de la asociación civil No Más Hijos Rehenes se manifestaron en los Juzgados Familiares de Altamira, ubicados en la Ciudad Judicial, para denunciar presuntas deficiencias en la impartición de justicia en materia familiar.

Los manifestantes criticaron la falta de eficiencia por parte de los jueces al momento de resolver convivencias y custodias compartidas, y entregaron oficios dirigidos a las autoridades correspondientes en los que exigen juicios más ágiles, convivencias inmediatas tras separaciones o divorcios, y el reconocimiento efectivo de la custodia compartida.

Durante la protesta, algunos miembros señalaron directamente a las juezas Teresa Blanco Alvizo y Roxana Ibarra Canul, a quienes acusan de obstaculizar estos procesos. Informaron que ambas han sido denunciadas ante la Visitaduría de Derechos Humanos, el Tribunal Pleno y la Agencia Especializada Anticorrupción. 

Además, destacaron que ambas magistradas aspiran a ser seleccionadas como juezas dentro del proceso de Reforma Judicial, por lo que hicieron un llamado a que “no reciban ni un voto más” por su actuar.

El abogado Gustavo García García, representante de la asociación en Tamaulipas, destacó que la petición central es que se priorice el interés superior de niñas, niños y adolescentes por encima de enfoques ideológicos, y que se eviten retrasos injustificados en los procesos judiciales.

También se denunciaron deficiencias graves en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM), que consideraron insuficientes para atender adecuadamente las visitas los fines de semana. Afirmaron que los espacios son reducidos y carecen de áreas apropiadas para menores mayores de siete años, lo que dificulta aún más las convivencias, especialmente cuando los menores llegan con indicios de alienación parental.

Entre los participantes en la protesta estuvieron Carlos Rodríguez Contreras y Aurelio Ferreiro, quienes entregaron a medios de comunicación copias digitalizadas de los oficios presentados. Asimismo, insistieron en la necesidad de que el CECOFAM cuente con pruebas específicas para detectar casos de alienación parental, al considerar que esta es una de las principales barreras para la sana convivencia entre padres e hijos, y recordaron que esta conducta está tipificada como delito.