La administración de los recursos económicos federales, según advierte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una atribución exclusiva del presidente.

En este caso, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Y no existe una forma de disputarle en términos legales cómo, cuándo y dónde ejercer el gasto.

Por eso hay colaboradores de la inquilina de Palacio Nacional que rehúsan compartir con los gobernadores la asignación del gasto social, a fin de evitar que éste se realice equitativamente para ellos seguir ejerciéndolo de manera centralista (como hasta hoy ocurre), aun cuando no conozcan los terrenos que pisan.

A ello obedece que en el Congreso de la Unión pudiera mantenerse firme la convicción de revisar el marco jurídico del Pacto Federal, pues legalmente éste resulta atentatorio contra el pueblo que tiene la necesidad de que esos recursos ya no le sean conculcados.

Y más en estos momentos cuando la crisis económica afecta a miles de ciudadanos en todo el país.

Dicho en otras palabras, hay una errónea interpretación del artículo 90 de nuestra Carta Magna, por el proceder exclusivo y excluyente (en el manejo de recursos) con desplantes centralistas que nada tienen qué ver con la disposición jurídica que determina concentrar los dineros públicos, para su repartición justa y equilibrada.

Hago esta reflexión ante la necesidad que existe de revisar el marco jurídico a fin de que los 31 estados de la República Mexicana y la Ciudad de México, como entidades libres y soberanas que son, tengan mayor participación en el manejo de los ingresos recabados vía impuestos.

Sobre todo, en lo que respecta al manejo del rubro social, insisto, pues de cada peso que las entidades fronterizas envían a la Federación ésta sólo les regresa alrededor de cinco centavos y quizá hasta diez (cuando bien les va), obligándolas a subsidiar a estados con índices graves de marginación y pobreza y, lo peor, negándoles a los regímenes subsidiarios la oportunidad de ayudar a sus pueblos directamente, pues se da en agrupar políticamente el manejo de esos dineros.

En fin, el tema es tan interesante que amerita otro análisis, fuera del reclamo social que hoy existe.

Convencidos de que la aplicación de los recursos federales en cuanto al rubro social hasta hoy resulta errónea, los diputados federales podrían darse a la tarea de impulsar una iniciativa para reglamentar que los estados y municipios definan las reglas de operación de esos dineros para evitar el centralismo de éstos.

Algunos de ellos han externado ya que las reglas actuales de operación son retrógradas, ineficientes e injustas, ya que entidades como Tamaulipas son desplazadas en la aplicación de esos recursos, a pesar de los altos impuestos que aquí se pagan y van a la Federación para su manejo discrecional.

Esa actitud, por donde quiera vérsele, conlleva la peculiaridad de ir al rescate de quienes menos tienen y más lo necesitan, para así poder recuperar parte de lo perdido que, por cierto, no contempla el presupuesto de la Federación como recurso emergente ante los cambios climatológicos, pero el Gobierno Federal bien haría en echar mano para auxiliar al pueblo.

Educación superior

El presupuesto asignado a la educación superior en México es limitado e insuficiente para dar cobertura a la demanda poblacional, por lo que urge diseñar una efectiva adecuación a la ley que dé certidumbre a la universidad pública.

No sólo para elevar su calidad educativa, sino también para enfrentar los reclamos del mundo contemporáneo en materia de investigación, ciencia y tecnología.

Así lo ha venido advirtiendo la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), que promueve la implementación de un nuevo modelo educativo que contemple asignar más recursos al sector, bajo la premisa de que “a la fecha, no se conoce un país que haya quebrado en sus finanzas por invertir en este campo”.

Por el contrario, hay claros ejemplos de que América Latina avanza en la cobertura de enseñanza superior –Argentina, Uruguay y Chile, son tres naciones que han rebasado el 50 por ciento su matrícula--, mientras México conserva un lastimoso rezago.

Muestra de ello es que aquí hay 5.5 millones de jóvenes analfabetas (de 15 años de edad o más), 10 millones no han terminado la primaria, y más de 16 millones dejaron truncos sus estudios de secundaria.

Esta situación, sumada a la deficiente calidad de la educación primaria, al hecho de que más de tres de cada diez jóvenes en la edad correspondiente no estudian el bachillerato y que casi siete de cada diez entre los 19 y los 23 años no cursan estudios superiores, hace urgente una gran transformación del sistema educativo nacional.

¿Y cómo lograrla?

Obvio: con una política (integral) de Estado con objetivos y metas claras, diseñada para el mediano y largo plazos.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.