Cd. Victoria, Tam.- A manera de pregunta, solía cantar LALITO GONZÁLEZ, alias “El Piporro”: “¿A dónde irán los muertos?”, para responder él mismo: “quien sabe a dónde irán”.

El tema es ¿qué hacer con la repentina acumulación de cadáveres, por enfermedad o muerte violenta, cuando no hay morgues suficientes o se busca ocultar dichas defunciones para evitar responsabilidades?

Y no solo hablo del incómodo proceso de descomposición y su efecto en la salud pública. Más grave aún, si los entendemos como evidencias criminales. Y peor si son muchos.

Desde luego, en las guerras formales ninguna razón hay para ocultarlos. La gente lo sabe y un recuerdo reciente es la ofensiva guerrillera en El Salvador y la revolución nicaragüense. Formaban pilas con ellos para incinerarlos, a cielo abierto.

En el ámbito criminal es muy distinto. Los victimados (algunos) son rivales de otras bandas o gente inocente (la mayoría) y lo que se busca es desaparecerlos. Despedazar, enterrar, disolver en aceite como lo hacía aquel sicario al servicio de los ARELLANO, en el Cártel de Tijuana.

Está vivo todavía, se llama SANTIAGO MEZA, de oficio albañil, oriundo de Guamúchil, sigue preso en Almoloya, le apodan “El Pozolero”, fue detenido en 2009 y confesó haber disuelto en ácido a más de 300 personas.

En 2012 le dictaron sentencia de 10 años, por delincuencia organizada, inhumación clandestina y asociación delictuosa. Condena tan suave que en 2024 fue ampliada a 30 años. Así de blandengue es la justicia mexicana. En Estados Unidos hubiera merecido no una, sino varias penas de muerte.

YA LO SABÍAN…

No son casos aislados los campos de exterminio como el descubierto (redescubierto) en Teuchitlán, Jalisco. Noticia que ya dio varias vueltas al mundo, con la sospecha de que lo peor del caso está todavía por conocerse.

Resulta curioso que en los primeros instantes del problema, el gobernador PABLO LEMUS se haya apresurado a (1) negar que existan más campos de la muerte y (2) culpar a su antecesor ENRIQUE ALFARO, también miembro del MC.

En principio, negar la existencia (o afirmar la inexistencia) constituye una aberración lógica, cuando la investigación está en pañales, lejos de conocer las dimensiones reales del problema y sin el mínimo deslinde de responsabilidades.

Echarle la culpa al exgobernador ALFARO no exime de responsabilidad a la autoridad actual si, como dijo la misma Presidenta, las autoridades del Estado ya habían cateado el rancho sin reportar irregularidad alguna. Y no fue una visita, fueron tres, confiesa el fiscal estatal SALVADOR GONZÁLEZ.

Un reporte de REFORMA dice que al menos han localizado seis lotes con montones de restos óseos. Nada impide pensar en más, en este y en otros ranchos. Negarlo por sistema es negligencia, inacción culposa, silencio cómplice.

¿Y TAMAULIPAS?

El fenómeno no es nuevo. En Tamaulipas data (al menos) de aquel terrorífico 2010, tras la ruptura del cartel dominante, del cual nacieron dos poderosos grupos rivales. Año del magnicidio, la muerte de un candidato.

Algunas de las personas aún buscadas datan de aquella época. Podríamos evocar las dos tragedias de San Fernando citadas en la columna de ayer (2010 y 2011), pero igual sabemos que apenas representan la punta del iceberg.

Igual de grave fue que PANCHO CABEZA se apropiara del dolor ajeno en su campaña de 2016, para reunirse con familiares de muertos y desaparecidos, prometer ayuda y justicia, si el voto le favorecía.

La gente creyó en su palabra. Pero una vez en el mando, solo un raquítico grupo de funcionarios se reunió algunas veces con los afectados, madres y padres buscadores. Condolencias y mucho rollo, sin resultados que presumir.

El desaparecido líder ciudadano MEMO GUTIÉRREZ RIESTRA, comprometido totalmente con este movimiento de familias buscadoras, dio testimonio de ello. La promesa electoral fue un truco de campaña (un Truko), que jamás cristalizó en hechos sustantivos.

Inclinación cabezona hacia la mentira. Los (y las) colegas de Reynosa ya daban testimonio de ello antes de 2016. Para PANCHO nunca hubo imposibles a la hora de prometer y pedir el voto en temas de seguridad. Ya en el poder fue distinto. Lejos de ayudar, por el contrario, la situación empeoró.

TEMA DIFÍCIL

Desde CALDERÓN circula un secreto a voces. Los elementos del orden están hartos de arriesgar sus vidas capturando malhechores que, con ayuda de jueces venales, salen pronto de prisión.

Algunos muy apenas pisan la cárcel. Una burla. El arreglo se hace directo con el AMP y si no con el juez, el magistrado (estatal o de circuito) o el ministro de la corte.

Y esto molesta a los encargados del orden, pues los delincuentes, una vez libres, a menudo buscan cobrar venganza contra quienes los arrestaron y sus familias.

Situación injusta, que nuestros uniformados (verde olivo, negro, azul jaspeado o acuamarina) expongan cotidianamente su seguridad personal en esta lucha. Pero luego, desde un lúgubre escritorio, algún oscuro zorrillo de la justicia, pretextando supuestas “faltas al debido proceso”, obsequie amparos y hasta la libertad.

Por eso se dice, se cuenta, se murmura en voz bajita, que cierto número de entierros clandestinos ahora descubiertos en el noreste mexicano, son de malandros detenidos por alguna corporación.

Ante la incompetencia de fiscales y jueces, los agentes obsequian a los detenidos un generoso espacio bajo tierra, entre milpas y zacatales, con la oportuna ayuda de una retroexcavadora, para evitar que salgan libres. Por supuesto, cabe la duda, podría ser fantasía o acaso exageración. Aunque para muchos resulte comprensible.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

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Carlos López Arriaga

Autor de la columna “Interiores”, comunicólogo nacido en Ciudad Mante, radicado en Ciudad Victoria. Ha tenido varias responsabilidades en distintos medios de comunicación. La columna “Interiores” se publica en medios impresos de Tamaulipas como Grupo Expreso (Victoria, Tampico, Mante), El Mañana de Reynosa y numerosos medíos digitales de toda la entidad. Dos premios estatales de periodismo “Manuel Buendía”, en los géneros de Crónica y Entrevista.s