Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, consideró qué existe una grave crisis hídrica en México, atribuyendo su origen a la Ley de Aguas Nacionales de 1992.

En el marco del foro "Transformando el Régimen del Agua en México", un espacio de discusión para la creación de una nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, señaló que esta ley, convirtió el agua en una mercancía, generando un mercado que ha llevado al sobre otorgamiento de concesiones: 2,600 en 75 años antes de 1992, y 360,000 entre 1993 y 2003. 

El secretario comentó que el decreto de facilidades administrativas de 1995 agravó la situación, permitiendo la concesión de derechos de agua a quienes demostraran su uso previo, sin una verificación exhaustiva.

Esta práctica, ha resultado en un saqueo de los acuíferos, dejando a México en una situación crítica durante las sequías, agregó el funcionario estatal.

Destacó la necesidad de un diagnóstico preciso basado en datos oficiales para abordar la crisis. 

Criticó la falta de inspectores y la insuficiencia de recursos para regular el uso del agua, enfatizando la necesidad de una depuración de títulos de concesión que no reflejan la realidad hídrica del país.

La situación, según sus palabras, es "una crisis infernal, brutal", que afecta a todos los sectores, incluyendo el acceso al agua potable.

El secretario aboga por una reforma de la Ley de Aguas Nacionales que fortalezca la institución federal, incremente el personal especializado (inspectores, medidores), y promueva la justicia ambiental.  

"La mayor parte de las cuentas de acuíferos están con las patas para arriba. No se me ocurre que mejor término utilizar. Y entonces cuando las sequías nos azotan se convierten en un infierno por el saqueo. Porque en este último evento de sequía que tuvimos y que se reflejó en el sistema Lagunario, pues la urgencia era tener inspectores para ir a verificar que no hubiera estaciones irregulares y no hay inspectores, no existen en la cuantía que se requieren", precisó.

Puntualizó la necesidad de una recomposición de fondo en las estructuras legales e institucionales para lograr el ordenamiento hídrico que busca la presidenta de la República.