Altamira, Tamaulipas. - El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, quedó en ridículo en su intento de evitar el cierre del Tribunal Agrario en el municipio. A pesar de organizar una manifestación con funcionarios y agricultores para presionar a las autoridades, y de utilizar a diputados federales para exigir que el tribunal siguiera operando, la medida se mantuvo firme.

El cierre del Tribunal Agrario ha generado inconformidad entre autoridades municipales y el sector rural, que exigen su reapertura por las afectaciones que representa para la impartición de justicia. Los ejidatarios ahora deberán trasladarse a Ciudad Victoria u otros municipios para resolver sus trámites, lo que significa más gastos y pérdida de tiempo.

Durante la protesta pacífica en las instalaciones del tribunal, los inconformes denunciaron que se presentaron cifras erróneas para justificar la clausura. Mientras que las autoridades federales aseguraban que sólo había 60 expedientes activos, datos locales indican que en realidad existen más de 270 casos en proceso.

Los manifestantes hicieron un llamado a las instancias correspondientes para reconsiderar la medida y permitir que el tribunal continúe operando en Altamira, ya que su cierre afecta a ciudadanos de Tamaulipas y del norte de Veracruz.

A pesar del discurso del alcalde y la presión política ejercida, la decisión se mantuvo sin cambios, dejando en evidencia la falta de influencia de Martínez Manríquez en la defensa de los intereses de los ejidatarios.

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