La reducción al gasto público federal --propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo--, es la estrategia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) para no incrementar los impuestos, en aras de garantizar los ingresos que cubran el Presupuesto de Egresos del ejercicio anual que se avecina, pues hasta donde se observa éstos no los obtendría del sector energético.

Obviamente, Rogelio Ramírez de la O. niega que esté gestándose una nueva reforma fiscal, cuya necesidad fue planteada por el diputado Ricardo Monreal Ávila bajo el argumento de que al Poder Legislativo, precisamente, le corresponde la decisión de modificar o no el marco tributario.

La propuesta del paquete económico para el 2025 contempla un gasto neto de 9.3 billones de pesos, lo que significa un incremento nominal del 2.6 por ciento con relación al Presupuesto de Egresos ejercido a lo largo del año que está por concluir.

De ahí que el apretón que, según el secretario de Hacienda, se hará al ejercicio del año próximo, cause revuelo en las distintas dependencias y los gobiernos estatales, pues con menos se busca que hagan más.

Esto quiere decir, entonces, que con el ajuste habría una reducción en el monto total, afectando aún más las finanzas de los estados y municipios, como se ha hecho durante este ejercicio a causa de la caída de los precios del petróleo.

Ingreso estimado

La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 contempla recursos por 9.3 billones de pesos --así como un billón 580 mil millones de deuda interna neta--, como fue aprobado por el Senado de la República.

Esta cifra es similar a la que proyecta el PPEF que se discute aún en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que, repito, sufrirá una alteración a la baja merced al índice inflacionario, más no un mínimo incremento como lo plantea la SHyCP.

No, a los recortes

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, debe aprobarse a más tardar el próximo día 31. Pero, según observo, es probable que la Cámara de Diputados lo zanje esta misma semana, sin que se logre discutir a fondo el reparto del dinero público, ante el mar de inconformidades desatado por los recortes ya aprobados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Conscientes de la situación hay mandatarios que ya cabildean entre los diputados --que despachan en el Palacio Legislativo de San Lázaro--, buscando que a sus entidades se les asignen (para el ejercicio fiscal que viene) recursos suficientes, a fin de no sufrir nuevas reducciones, porque esto repercutiría (negativamente) en los programas de educación básica, normal, tecnológica y para adultos; los servicios de salud, infraestructura social, el fortalecimiento de los municipios, la asistencia social y, lo peor, en materia de seguridad pública, que es el rubro que por el momento más nos preocupa a los mexicanos, pues el flagelo no aminora, se mantiene y hasta tiende a incrementarse.

Este cabildeo, ante los diputados de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión –el responsable de corregir la propuesta presidencial, o en su caso adecuarla antes de aprobarla, según ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos--, es avalado por todos los mandatarios --incluidos los de filiaciones político-ideológicas antagónicas al bloque que domina morena--, quienes exigen al través de los medios de comunicación masiva que la Federación tenga  sensibilidad política para entender que solamente asignándoles recursos suficientes podrían atenderse las necesidades estatales para ejecutar los programas de desarrollo federalistas.

En el caso de Tamaulipas, bien sabemos, los excedentes petroleros han llegado incompletos; por eso una y otra vez ha pedido a la Federación que los recursos de los programas sociales se apliquen correctamente –y hasta eso, sin recortes--, puesto que ninguna justificación es valedera cuando se atenta contra el bienestar del pueblo.

Sobre todo, cuando es del dominio público que en el país se ha dado una mayor recaudación fiscal por la venta del crudo y gas natural, lo que significa que esta industria ha producido millonarios dividendos, pese a no atravesar por su mejor momento, pero por extrañas razones sus dividendos no se reparten equitativamente.

Por tanto, los diputados tamaulipecos, los 12 --ocho del bloque oficial y 4 opositores--, deberían velan armas para defender al estado.

Al menos así lo creo, porque todos se han comprometido a analizar el documento para que los proyectos estratégicos de Tamaulipas puedan desarrollarse en tiempo y forma.

Dicho en otras palabras: acordaron defender cada peso que, por ley, le corresponde a la entidad y es producto de su millonaria recaudación fiscal.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.