Los diputados que integran las comisiones unidas de finanzas, planeación, presupuesto y deuda pública y de asuntos municipales, del Congreso local, no tienen que dar explicación alguna sobre sus decisiones para rechazar o aprobar las iniciativas de leyes de ingresos municipales, considerando que ésta es una de sus atribuciones claramente reglamentada.

Sin embargo, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez presentó ante el pleno de la Cámara alta una iniciativa de punto de acuerdo, para que los legisladores locales expliquen por qué rechazaron el aumento a impuestos, y la creación de nuevos, propuesto por el Cabildo de Reynosa, que preside su hijo Carlos Víctor Peña Ortiz.

Con esto, ella incurre en la comisión de dos delitos: conflicto de interés y actos de corrupción --ambos están estipulados en los artículos 3º y 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas--, pero, por su fuero, quedará sin recibir ningún correctivo.

De cualquier forma, ‘off the record’, algunos diputados han comentado que lo hicieron por tratarse de un atentado contra la economía del pueblo.

Así de simple.

Y es que el proyecto del alcalde fronterizo era incrementar hasta en un 10% el impuesto predial que se cobra a los cerca de 350 mil contribuyentes que tienen registradas casas-habitación y a los más de 8 mil comerciantes establecidos formalmente.

Además, con la aprobación del cabildo --que consta de 2 síndicos y 21 regidores--, aspiraba cobrar: $10 mil por metro cuadrado la construcción de albercas.

También, establecer un Padrón Fiscal Municipal para cobrar el registro y la anualidad a los negocios, a fin de:

+ Por cada cajero automático, recaudar 21 mil 714 pesos;

+ Por cada sucursal bancaria, 162 mil 855;

+ Por cada tienda departamental, 217 mil 140;

+ Por cada centro de venta o atención de telefonía, 184 mil 569;

+ Por cada sala de cine, 16 mil 285;

+ Por cada gasolinera, 108 mil 570; y

+ Por cada agencia o sub agencia automotriz, 86 mil 856, entre otros, incluyendo los servicios de internet y las tiendas de conveniencia.

Su pretensión era obtener 2 mil 993 millones de pesos, para, sumados al presupuesto cercano a los 3 mil millones que le serían asignados para el ejercicio 2025, ejercer (+/-) 6 mil millones en su segundo período edilicio.

No obstante, Carlitos se olvidó que su papel es simple y llanamente de carácter administrativo. No recaudatorio, por lo que su propósito, al darse a conocer públicamente, le generó un mal ambiente sociopolítico local, hasta el grado de que organismos empresariales como la Coparmex y la Canaco, expresaron que lo que debía hacer es cuidar la fuga de recursos y no tratar de sangrar más la economía ciudadana y comercial.

En el primer caso, con los incrementos de impuestos y, en el segundo, por ahuyentar la inversión al querer imponer nuevos gravámenes a quienes le han apostado a la recuperación de Tamaulipas confiando en las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ambos han dicho, y sostenido, que en el nuevo presupuesto no habría incremento de impuestos, ni la creación de nuevos, atendiendo una política humanista, encaminada a dignificar a los contribuyentes, que otrora fueron víctimas de una mal diseñada política recaudatoria.

Al llamado de Maki --senadora por San Luis Potosí, por el PVEM--, en su petición de que el Congreso de Tamaulipas ofrezca una explicación por haber rechazado la iniciativa de ley de ingresos de Carlitos, se han sumado el senador José Ramón Gómez Leal (morena) y las diputadas federales del mismo membrete (guinda) Casandra Prisilla de los Santos Flores y Claudia Alejandra Hernández Sáenz, considerando que la chihuahuense está en su derecho, como legisladora, de pedir una explicación, pues tiene, la Cámara alta, atribuciones para resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa.

No obstante, cuando se advierte tanto abuso, lo más seguro es que no le sigan el juego a Ortiz Domínguez ninguno de sus otros 126 homólogos.

Como fuere, Peña Ortiz ya se ganó la animadversión ciudadana, como la comercial --allá en Reynosa-- como antaño en todo México ocurrió con el ‘vende patrias’ Antonio López de Santa Anna, quien decretara, en su último período en el poder (de 1853 a 1855), cobrar al pueblo una contribución de: un real por cada puerta; y cuatro centavos por cada ventana de las casas.

Decretó, también, cobrar un impuesto de 2 pesos mensuales por cada caballo robusto y un peso por cada caballo flaco y un peso al mes por cada mascota...

Un dato más: Entre las principales atribuciones del Congreso local, se encuentran decretar las contribuciones necesarias para cubrir los gastos de los municipios, aprobar el presupuesto anual y fiscalizar el gasto público en estricto apego a la Constitución Política de Tamaulipas.

Así que palo dado, ni Dios lo quita.

Por cierto, ¿podrá el tal ‘Makito’ justificar los derroches y desviación de recursos?

Recuérdese que, en el caso de su madre, hay aún cuentas pendientes por aprobar en el Congreso local, de su etapa como alcaldesa panista.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.