Ciudad de México. - El Pleno del Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta que plantea reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, la cual, de acuerdo con la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Imelda Castro Castro, se turnó este lunes directo a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

En el documento se establece que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá las condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, así como de la información relacionada con los datos personales en posesión de los particulares.

Las reformas plantean la extinción del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; así como del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para transmitir sus atribuciones al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Además, propone la extinción de los órganos reguladores coordinados en materia energética, y dichas atribuciones pasan a formar parte de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, la cual contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora.

También plantea que se extinga la Comisión Federal de Competencia Económica, por lo que sus atribuciones y funciones pasarán a la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país.

De igual forma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se extingue y la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión absorbe sus atribuciones y responsabilidades.

El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos.

La propuesta le brinda facultades a la Comisión Permanente para ratificar los nombramientos que la titular del Poder Ejecutivo Federal haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.