Aunque todavía hay mucho por hacer en materia de seguridad pública e impartición de justicia, las corporaciones de seguridad pública nacional y estatal muestran voluntad para crear una estrategia encaminada a combatir el flagelo.

Y coinciden en su apreciación de que las acciones ejecutadas, hasta ahora, en contra de la delincuencia organizada, son el mejor camino para recobrar el bienestar, la tranquilidad y la paz, que tanto demandamos los tamaulipecos.

Esto ha quedado en claro en las reuniones de seguridad pública --en las que participa el gobernador Américo Villarreal Anaya--, donde se ha detallado cuánto se ha avanzado en la materia, anunciando nuevas acciones orientadas a frenar el flagelo con el apoyo de la Guardia Nacional y los ciudadanos (mediante denuncias).

Tan es así que ahora los legisladores y alcaldes coinciden también en que la seguridad es un trabajo que atañe a todos. A los gobiernos en sus tres niveles; a los congresos de la Unión y local; a los sectores productivos (industriales y empresariales), sindicatos, partidos políticos y sociedad en general (donde están inmersos los maestros), pues todos, en lo particular y conjuntamente, mucho podrían aportar a la cruzada contra el crimen.

Más retenes

Sobre la red carretera que intercomunica a la geografía tamaulipeca y conecta su vecindad con los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León –amén de ésta enlazarse con rúas vinculadas a la Unión Americana–, otrora se instalaban retenes militares que formaban parte del operativo con que el Gobierno Federal intentaba diezmar la delincuencia organizada.

En un primer impacto, usted lo sabe, la incursión castrense-policial fue vista con buenos ojos por la sociedad civil –cuyo reclamo principal era y es precisamente la seguridad pública–, pero al paso del tiempo la presencia de soldados sobre la cinta asfáltica generó cualquier cantidad de críticas, merced a la conducta que (estos) mostraban al interrogar a quienes osaban cruzar los puntos de revisión.

Lo que menos se decía entonces --a este respecto--, era que en su cometido inconstitucional las columnas militares en varias ocasiones provocaron terror al tratar a los conductores como delincuentes y a los tripulantes que los acompañan como parte de grupos transgresores de la ley; así se tratara de mujeres, ancianos o niños, tan sólo porque éstos viajan en el vehículo que a su libre arbitrio inspeccionan buscando armas o drogas.

Más cuando transitan hacia el centro del país o viceversa.

Operativo inconstitucional

El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy claro al establecer que: “Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros...

“El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

Esto quiere decir que ningún ciudadano ajeno a ilícitos o procesos judiciales podrá ser molestado en su traslado de un lugar a otro, pero aquí en Tamaulipas (como en todo el país, según información recabada), se da el caso de que sólo bajo la supervisión militar se puede circular libremente en carreteras.

Un artículo más que atrapa mi atención, relacionado con la movilización castrense, es el precepto 129 de nuestra Carta Magna, que dicta con toda claridad que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

“Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

De ahí se desprende, entonces, que en México y en Tamaulipas (en lo particular) actualmente no se viven momentos de guerra, sino de paz, pero resulta necesario un mayor patrullaje carretero de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal, merced a los cruentos acontecimientos más recientes.

Inclusive, la instalación de más retenes.

En lo particular sigo viendo con buenos ojos que el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Estatal coadyuven al restablecimiento de la tranquilidad social, pero igual me parece una falta de tacto que los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), para justificar su presencia, busquen delincuentes donde no los hay.

Hago el comentario por ser del dominio público que si la autoridad federal quisiera –en este caso los “picudos” de la FGR, responsables del combate al narcotráfico–, en verdad diezmar a la delincuencia organizada, desde hace tiempo lo habrían hecho, pues también del dominio público es la identidad y ubicación de quienes suelen cometer actos delictivos del orden federal.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.