LO CLARO. Los principios básicos de la administración científica son aplicables en cualquier ámbito. Los puso en orden Frederick Taylor en 1900 y siguen rigiendo a las organizaciones.

Para llegar a un buen puerto en la actividad que se trate, debe planearse (fijar la meta a obtener); organizar los elementos necesarios para su consecución; implementar el plan, dirigir en todo momento y evaluar el resultado.

La academia es el pilar fundamental de estos procesos.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas implementa estos principios básicos y en su Reunión Ordinaria del Consejo de Directores con el rector al mando, las 26 facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT llevaron a cabo el recuento de los planes obtenidos ya con las gestiones impulsadas y los proyectos a detonar en el futuro inmediato. Las alianzas estratégicas con el sector productivo (una empresa petrolera de gran calado) permitirán una visión a futuro progresista y humanista para el personal docente y para los futuros profesionistas.

LO OSCURO. En estos aciagos momentos, la política de nuevo confronta a la sociedad –donde los partidos no dejan de tamborilear la mesa en busca de agua para su molino- y el tema recurrente es el mismo. La reforma judicial.

Los abogados y expertos juristas aseguran que es tema exclusivo de ellos mismos, donde la competencia jurisdiccional les es de suyo a quienes se dedican a eso. Que tomarle parecer a la sociedad pone en riesgo la certeza de la justicia.

En tres palabras: no nos necesitan. (para administrar la justicia).

Surgen voces No Autorizadas; como la del exmandatario Ernesto Zedillo que acusa con dedo flamígero la intromisión del actual mandatario y su proclividad a ‘la tiranía’ …en palabras traducidas.

Es menester establecer criterios. Mismos que se imponían a sí mismos y que nos resulta de mayor valor. La “ley mordaza” que implicaba no despegar los labios para opinar (ex presidentes de la nación) respecto del que se encuentra en funciones, es válido decir que quien menos certidumbre moral tendría para la sociedad en general es el que salió. Todos con un inmenso tamaño de cola propia.

Unos con un FOBAPROA a cuestas, otros con guerras no reconocidas; otros más con ventas de paraestatales en apoyo a su peculio y de sus cercanos.

El que está y le tocará su enfrentamiento a la historia, quizá no es el renglón que aquí se atañe (la reforma judicial) la que más pese en sus hombros, aunque sea efectivamente la de mayor calado. A juicio del escribano el empoderar más allá de las atribuciones de milicia al cuerpo armado, quizá sea el de mayor lastre que recordará a su mandato. Ese es otro asunto.

Tan sí nos ocupan para robustecer y darle camino y apoyo al nuevo modelo de elección de impartidores de justicia, que baste decir que es a nosotros mismos a quienes emitirán sus sentencias.

La discutida figura de jueces sin rostro, ni es nueva ni es peligrosa. Ni para juzgadores ni mucho menos para los que reciben justicia.

Ha funcionado históricamente para casos especiales en Europa y América Latina (recordar el caso de Pablo Escobar en Colombia).

En 2023 en México se reportaron 30,523 víctimas de asesinato (una gran parte de esta cifra vinculada a temas de delincuencia organizada) según cifras a cargo de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP (fuente El País 16/01/2024) y de tales números, de cada cien casos –reportados y con expediente- sólo cinco encuentran un responsable.

Así entonces, de la gran cifra exponencial señalada arriba (30,523) apenas 1,526 encontrarían sentencia y algún consuelo a la familia.

El cubrir el rostro en casos especiales como los mencionados, daría tranquilidad al juzgador y su familia respecto del criterio apegado a derecho que estaría emitiendo sin temor a represalias. Como se denota en la actualidad. De todas maneras, la justicia es ciega, no sorda.

El ex presidente Calderón lo habría (tímidamente) traído a la mesa de negociaciones en su periodo presidencial. Con nula trascendencia.

El expresidente Zedillo, en el transcurso de su ejercicio daría un golpe de timón a la Suprema Corte de Justicia al reducir por mandato del ejecutivo de 26 ministros en funciones, al número actual de once ministros. Nadie le pregunto, a nadie consultó y fue por convenir a los intereses del Jefe Máximo de la Nación. Así se estilaba hasta el presente día (aún no entra en vigor la reforma) y en los estados de la república se mandata de igual forma la instalación de los magistrados locales por ‘sugerencia’ del gobernador; al igual que su titular presidente.

Hoy exigimos una real aplicabilidad de justicia y no simulaciones. El 95% de crímenes sin resolver son el mejor aval para exponer a un sistema caduco e inoperante.

Responsabilidad de todos el buscar que los poderes trabajen en favor de los gobernados. En este momento, la nulidad de justicia imperante y que nos exhibe como nación, demuestra que el país no funciona. No solo los jueces, magistrados y ministros. Habla de un país que habría qué temer si de invertir o vivir se trata. La certeza… no existe.

COLOFÓN: 234 mil internos, 88 mil 172 personas privadas de la libertad SIN SENTENCIA y 43,560 millones de pesos en presupuesto asignado por año a centros penitenciarios, le darán ‘like’ a esta publicación… (más cien millones de mexicanos fuera de la política y del aparato judicial).

Real y democrática justicia demanda este país.


alejandrodeanda@hotmail.com
@deandaalejandro

HECTOR ALEJANDRO DE ANDA CORTEZ

Colabora en medios impresos y en portales informativos electrónicos. La Columna Claroscuro se publica desde 2007

La columna Claroscuro se publica desde el 2007 en los mismos medios, trisemanal.

Especialmente tocamos temas económicos y de política en general.